Los presidenciales ofrecen reformas legales que dependen de la Asamblea

El candidato por la alianza entre Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí, Yaku Pérez, ofrece reformar:

• La Ley de Educación Superior, para garantizar la democracia y autonomía universitaria, eliminar el examen de ingreso estandarizado y centralizado.
• El Código Integral Penal, para impulsar medidas para recuperar el dinero robado que se encuentra en paraísos fiscales.
• Impulsar la emisión urgente de la Ley de Extinción de Dominio, para incautar bienes y patrimonios en casos de corrupción y recuperar lo robado.

Daniel Noboa, candidato por la alianza Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, del primo del expresidente Lenin Moreno) y Mover (antes Alianza PAIS), propone cambios que requieren de reformas legales como:

• Implementar políticas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema judicial.
• Acelerar los procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y
  justo.

También propone reformar el Código Integral Penal para mejorar la situación de los procesados sin sentencia y los delincuentes no violentos, y la Ley de Turismo, para generar incentivos.

Y plantea crear leyes que establezcan duras sanciones para la evasión fiscal a través de paraísos fiscales.

La candidata del correísmo, Luisa González, hace planteamientos generales y difusos como:

• Impulsar reformas legislativas orientadas a la eliminación de obstrucciones para el acceso a la justicia.
• Hacer reformas para eliminar las normas que han incidido negativamente en la estructura institucional y en el reconocimiento de derechos humanos.
• Reformar la Ley Electoral, para evitar la dispersión y la erosión de la legitimidad del gobierno, aumentando la proporcionalidad del sistema.
• Establecer normas sólidas que penalicen la corrupción y el crimen organizado. Esto implica mejorar la legislación existente y cerrar lagunas legales.
• Fortalecer los sistemas de aplicación de la ley y de justicia penal.
• Promover la adopción de leyes orientadas a evitar la intromisión de los poderes fácticos, incluidos los poderes económicos y mediáticos, en la administración de justicia.
• Reforzar las leyes antimonopolio en el mundo digital.

El exvicepresidente Otto Sonenholzner, auspiciado por la alianza entre SUMA y Avanza, plantea varias reformas judiciales:

• Reformas para combatir frontalmente al crimen organizado transnacional.
• Reformar, en colaboración con otros poderes e instituciones del Estado, la justicia para reducir la corrupción e impunidad, y fortalecer la rendición de cuentas de los miembros del cuerpo judicial.
• Innovar en la aplicación de la justicia para garantizar su celeridad, así como la protección de jueces y funcionarios del sistema judicial.
• Crear leyes de protección de los denunciantes y desarrollo y mejora de sistemas de colaboración con la justicia.

Así también pretende impulsar reformas legales en otras cuatro áreas:

• Impulsar una reforma de la Ley de Empresas Públicas, para corregir los problemas de desempeño, la falta de transparencia y mejorar su manejo.
• Reformar los principales instrumentos de ordenamiento y gestión territorial, para favorecer el acceso a la infraestructura, vivienda y desarrollo urbano sostenible.
• Establecer un marco normativo para promover alianzas entre los sectores público y privado.
• Implementar políticas y regulaciones específicas, que se sumen a la actual Ley de Economía Circular Inclusiva y que incentiven la adopción de prácticas circulares.

El candidato de la alianza entre el Partido Social Cristiano, el Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático, Jan Topic, tiene una lista específica de 14 reformas que quiere impulsar en el Legislativo.

Entre ellas están:

• Código Orgánico de la Producción, para eliminar los sesgos conceptuales que no propician la inversión.
• Código de la Democracia, para eliminar toda disposición a favor del Estado candidato y que ha permitido abusos en los últimos procesos electorales.
• Código de la Función Judicial, para garantizar una justicia sin injerencias.
• Ley de Comunicación, por atentar contra la libertad de expresión y constituir una herramienta de persecución.
• Código de Organización Territorial, para reforzar la autonomía de los gobiernos locales.
• Código Orgánico Integral Penal, para revisar la aplicación del procedimiento abreviado para ciertos delitos.
• Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIESS, para modificar la administración de los
  fondos complementarios previsionales cerrados.

Además, dice que enviará proyectos de ley en materia de inversiones público-privadas, reducción de carga tributaria para los sectores productivos y exoneración de tributos para inversionistas y emprendedores.

El candidato auspiciado por el movimiento Amigo, Bolívar Armijos, tiene innumerables propuestas en su plan de gobierno que requerirían de reformas legales. Sin embargo, solo menciona como tales unas pocas.

Por ejemplo, hace mención a ciertas reformas penales:

• Penalizar con 10 años de cárcel a todo ciudadano que provea por cualquier medio de insumos de guerra, inteligencia, armamentos o herramientas a personas recluidas.
• La ley 100- propondrá que los asesinos pasen en cárcel el mismo tiempo que sus víctimas les faltaba vivir asumiendo un promedio de vida de 100 años.
• El abigeato, el cobro de vacunas, el robo de vehículos, el asalto a locales comerciales tendrá una pena mínima de 50 años.
• Crear dos tipos de sistemas de gestión de las personas privadas de libertad. Los potenciales candidatos a rehabilitación, en cárceles adecuadas, donde aprenderán oficios y trabajarán. Y los presos de confinación y reducción definitiva, en condiciones muy severas, con trabajos forzados.
• Los jueces que liberen criminales pasarán a cumplir la pena del liberado, más la pena del crimen nuevo cometido por el criminal.
• Los juicios de actividades delictivas serán llevados a cabo en una plataforma pública por jueces anónimos.
• Pena de cárcel para los ciudadanos que no puedan explicar el origen lícito de mercadería almacenada en su domicilio, oficina o bodega comercial.

El candidato auspiciado por el movimiento Construye (antes Ruptura), Fernando Villavicencio, explica en su plan de gobierno que remitirá o impulsará la aprobación de proyectos de ley sobre:

• Extinción de dominio.
• Inteligencia para combatir al crimen organizado.
• Para la creación de la universidad de la Policía Nacional.
• Para aplicaciones tecnológicas en seguridad.
• Para el control de integridad en Policía, FFAA y administración de justicia.

Además, plantea reformas en tres materias:

• El uso de la fuerza.
• El sistema fiscal, para impedir la dilapidación de recursos públicos, que deberían estar enfocados en los servicios públicos de calidad.
• El Sistema Nacional de Contratación Pública, para racionalizar los procesos de contratación y garantizar la eficacia en la adquisición; establecer mecanismos de control, que impidan la instalación de esquemas de corrupción, y la obligatoriedad de intercambio de información permanente entre el Sercop y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Xavier Hervas, candidato presidencial por la Izquierda Democrática en 2021 y ahora auspiciado por el movimiento RETO (antes Podemos), plantea reformas legales para:

• Agilizar los procesos judiciales, garantizando una justicia pronta y eficaz.
• Contar con jueces sin rostro y procesos sin rostro para delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión y corrupción.