En entrevista con PRIMICIAS, el comandante de Policía en la zona 8 reveló que trabaja en cubrir las 65 camionetas retiradas por el Municipio de Guayaquil. También en contener las casi 100 muertes violentas.
Con casi un año al frente de la Comandancia de la zona 8, Víctor Zárate inició 2023 con un índice de muertes violentas en aumento y otro frente por resolver: la ausencia de 65 camionetas que retiró el Municipio de Guayaquil.
Se trata de los vehículos que eran parte del convenio entre el Gobierno y la Alcaldía, de 2019, y que se renovó por dos años.
En los primeros 19 días de enero, la cifra de asesinatos bordea los 100. Solo en Monte Sinaí, perteneciente al distrito Nueva Prosperina -el más violento de la ciudad-, hubo seis crímenes en 24 horas.
En entrevista con PRIMICIAS, Zárate habló de la complejidad de contener la violencia en la zona 8, con un déficit de equipos y tecnología.
También se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Juan Zapata, de una evaluación permanente de comandantes, a quienes va a "respirarles en la oreja".
"No es necesario que nadie nos respire en la oreja", replicó Zárate.
¿Por qué retiró las 65 camionetas el Municipio de Guayaquil?
Ese convenio se firmó en agosto de 2019, entre el Ministerio del Gobierno y la Alcaldía de Guayaquil, en el que se comprometían a entregar 65 vehículos caracterizados como patrulleros, con balizas, sirenas y radios de comunicación.
Esto sirvió para fortalecer el plan operativo en territorio de la Policía Nacional.
Estaba establecido por dos años. Feneció en 2021, por la buena voluntad de las partes se mantuvo por un periodo más, hasta octubre de 2022. Esos vehículos no eran propiedad de la Alcaldía.
¿Cómo afecta esta baja el trabajo de la Policía?
La ausencia de esas 65 camionetas nos merma la capacidad, porque parte del parque automotor de la Policía está obsoleto y esos vehículos nos prestaban gran ayuda.
Muchos territorios que se cubrían con dos unidades, ahora se cubren con una sola, la oferta de servicios quizás disminuyó en algunos territorios.
Sin embargo, 53 de los 589 vehículos recibidos en diciembre de 2022, que eran de color blanco, los caracterizamos, están brandeados y estamos adquiriendo las balizas para que salgan a patrullar.
Con estos 53 carros que estamos equipando, esperamos de alguna manera suplir el déficit de las 65 camionetas.
¿Cuántos vehículos dispone actualmente la Policía zona 8?
La distribución de vehículos la manejamos por ejes y se le dio prioridad al eje investigativo. A esos equipos se les dio los 589 vehículos que recibimos en diciembre, para disminuir el impacto de la violencia y desarticular a las organizaciones.
Todo el parque automotor a escala nacional está complicado. Tenemos 1.807 vehículos en la zona 8, de los cuales 1.125 están operativos.
Aún tenemos las 20 camionetas negras del Municipio, pero solo circulan por las zonas comerciales, bancarias y turísticas.
Nos hemos abierto un poco hacia sectores donde tenemos problemas de delincuencia, no de violencia, porque nos las dan con un conductor civil que no podría responder ante una eventualidad.
En diciembre también nos entregaron 80 motos y faltan por llegar 320 en febrero de 2023.
¿En qué invirtieron los USD 11,5 millones que les entregó el Gobierno en 2022?
Camionetas, motocicletas y una parte de tecnología para Criminalística. Los insumos quedaban insuficientes y dentro del plan macro que se viene, con el proyecto presentado al presidente (Guillermo Lasso), tenemos que modernizar la parte tecnológica que nos permita adelantarnos a los acontecimientos.
Necesitamos modernizar la plataforma investigativa.
Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) tienen orificios de balas y demás daños desde los atentados. ¿Qué pasó con los cuarteles intermedios?
Nuestra gran preocupación es la seguridad del personal policial y en eso hemos trabajado.
El 1 de diciembre, el ministro (Juan Zapata) declaró la emergencia para el arreglo de las UPC, que son 80 a escala nacional. De estas, 21 corresponden a la zona 8, allí están consideradas la de Socio Vivienda y las otras cinco que fueron atacadas.
Paralelamente, hemos hablado con la empresa privada para diseñar una UPC tipo, con paredes blindadas, que brinden las garantías de seguridad necesarias. Estaría armada la tercera semana de febrero.
Dentro de esa emergencia también se adquirirán municiones.
¿Hasta que se concrete la implementación, van a reparar esas UPC?
No serviría de nada echar una mano si viene una intervención mucho mayor. Se han tomado recaudos por la seguridad de los servidores policiales, están entre tres y cuatro haciendo guardia en la UPC.
En la parte alta de Nueva Prosperina hay un control periférico largo en caso de cualquier ataque, mientras logramos consolidar la obra de infraestructura.
Las unidades educativas siguen siendo blanco de ataques. ¿Qué pasó con el plan ‘Escuelas Seguras’, dónde está la presencia policial?
De acuerdo con el levantamiento realizado, 80 escuelas en la zona 8 están verificadas por violencia y delincuencia. En primera instancia, acompañamos y apoyamos al ingreso y salida de los estudiantes.
Pero imagínese lo que sería destacar todo el día una unidad policial al exterior de una institución educativa. Sin embargo, se han establecido algunos nexos y lazos con inspectores y directores en caso de emergencia, llegamos con charlas de sensibilización a los niños.
En Nueva Prosperina, por ejemplo, tenemos algunos problemas que desde la arista de Policía no los podemos solucionar. Muchos problemas son sociales, necesitamos la intervención de otras instituciones.
Pero no es que hemos dejado de atender, estamos atendiendo en los horarios conflictivos.
¿Y el ‘Código Plata’?, ¿Por qué no funcionaron los protocolos en el Omni Hospital?
El ‘Código Plata’ lo lanzó el Ministerio de Salud, pero todavía no han lanzado un instructivo.
En primera instancia, la Policía Nacional tiene que asegurar el área donde se produzca un hecho violento con arma de fuego para que se dé la atención sanitaria en el punto.
La seguridad de la Policía es externa, no podemos estar en el piso, no es que no existía personal policial. De estos casos hemos tenido muchos, como el del exterior del Hospital Luis Vernaza.
Policía Nacional está apoyando todo el tiempo, con o sin protocolo. La cantidad de heridos por las muertes que se producen acá, estamos hablando entre 10 y 15 tentativas de asesinato, tenemos que derivar a las unidades, estamos haciendo presencia.
¿A quiénes les corresponde elaborar ese instructivo?
Están trabajando la Dirección de Operaciones de la Comandancia General de la Policía con el Ministerio de Salud.
Están articulando todavía el instructivo porque no despega hasta dónde, si Policía tiene que estar en el piso cuidando y hasta cuándo.
¿Qué pasa con la seguridad en las cárceles, desde donde se tejen varios de los atentados que ocurren en las calles?
Tenemos una Unidad de Inteligencia Penitenciaria, que levanta la información que tiene de primera mano y nos alerta, nos ayuda a anticipar los eventos que se dan afuera.
Aparte, tenemos las unidades especiales: Policía Judicial, Inteligencia y Narcóticos, con ellas articulamos todos los esfuerzos.
Estamos focalizando territorios con organizaciones, les hemos entregado para que ellos procedan a desarticular esos territorios y eso nos planteamos este año.
En 2022, tuvimos 8.000 detenidos, más de 2.000 armas de fuego y cerca de 100 toneladas de droga decomisadas. Aún tenemos 500 policías brindando seguridad en arresto domiciliario.
Todo el tiempo se decomisan armas, pero ¿de dónde siguen saliendo?
Como bien sabe, el control de armas y municiones en la línea de frontera le corresponde a las Fuerzas Armadas.
Estamos peleando en la Asamblea para que la competencia del tránsito sea devuelta a la Policía Nacional, y retomar los controles integrados que se tenían antes: armas, municiones, explosivos y drogas, especialmente en las vías colectoras donde confluyen.
Por la frontera sur están ingresando explosivos y armas de fuego, pero hasta ahora están haciendo una especie de trazabilidad.
En los primeros 19 días de enero, van 97 muertes violentas, frente a las 58 del mismo periodo de 2021 en la zona 8. ¿Por qué siguen en aumento?
Se sigue trabajando en la contención, que es fundamental, operativos masificados, preventivos y unidades especiales en contener el delito.
Implementamos un cambio de modelo de gestión, ahora ya no sale un motociclista solo porque puede ser víctima de cualquier tipo de atentado. En territorios complejos como Nueva Prosperina, Sur, Esteros y Portete, sale acompañado de un patrullero.
No es que Guayaquil sea la más violenta de Ecuador, en tasa está Esmeraldas con 79 por cada 100.000 habitantes, aquí estamos con 49.
Tuve la oportunidad de estar en un taller en Quito, estamos realizando una planificación a escala nacional. Necesitamos focalizar todos los esfuerzos para recuperar la zona 8 con más recursos, más personal, más tecnología y es el compromiso que tiene el mando institucional.
¿Siguen estando Los Choneros, Tiguerones y Lobos detrás de los hechos violentos en la ciudad?
Ahora tenemos una complicación más grande porque muchos de ellos se han fraccionado. Ya no son Tiguerones, son Tigueroncitos, Mafia 18, Tiburón, y se han diversificado sus actos ilegales, como extorsiones y tráfico de drogas y armas.
Con estas estructuras estamos lidiando.
Desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2022, en Guayas se declararon siete estados de excepción. ¿Se necesita otro para mejorar la seguridad?
Ningún estado de excepción tiene la varita mágica, que solo con decretarlo ya se eliminan los hechos de violencia.
Lo que se hace es más presencia del Estado, a través de unidades militares y policiales en territorio, con operativos masificados; y permitió a las unidades investigativas levantar la información necesaria.
Pero por sí solo, un estado de excepción no mejora absolutamente nada.
¿Se mantendrá al frente de la zona 8? El ministro Zapata dijo a PRIMICIAS que evaluará a los comandantes y que les va a respirar en la oreja.
El compromiso lo tenemos y lo asumimos desde que ingresamos a la Policía Nacional, no es necesario que nadie nos respire en la oreja.
Hay que entender la problemática grande en la zona 8. Si no tenemos el respaldo de todos y queremos como policías aguantar el peso en los hombros de todos los problemas de delincuencia, no los vamos a solucionar.
He escuchado en las campañas a los candidatos a prefecto y alcalde, todo es el boom de la seguridad, que las cámaras, que los policías. Nos pidieron y estamos dispuestos a aportar la parte operativa, pero tenemos que trabajar articulados.
Lo que el mando nos disponga, ahí estaremos.
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