La “descorreización” del Estado emprendida por Lenín Moreno y por el Consejo de Participación Transitorio dejaron instituciones débiles e inestables, lo que se traduce en escasa gobernabilidad. A la desgastada relación con el Legislativo, se le suman los problemas en las otras funciones del Estado. Las autoridades de instituciones como la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no terminan sus períodos, pero enfrentan un fuerte y rápido desgaste.
Propuestas del plan de gobierno
Lenín Moreno llegó a la Presidencia en 2017 con un plan que incluía una serie de ofertas basadas en la seguridad de la gobernabilidad que tendría, heredada del correísmo.
El documento, por tanto, no contiene en sí propuestas en el tema de gobernabilidad. Alianza PAIS esperaba -y lo logró- conseguir una mayoría en la Asamblea. Aunque esta no era tan amplia como la anterior, les permitiría pasar iniciativas legislativas, como la consulta popular para los paraísos fiscales.
A esto se le suma que las instituciones de las otras funciones del Estado estaban en manos de personas cercanas a PAIS, desde el Consejo de Participación hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Judicatura.
¿Cómo recibió el área?
El presidente Moreno recibió un país con instituciones en manos de personas cercanas al correísmo. Esa gobernabilidad heredada se plasmaba justamente en este funcionamiento del Estado.
Quienes presidían las instituciones de las otras funciones estatales para la fecha de posesión de Moreno eran:
Mientras que en la Asamblea, Moreno entró con una mayoría asegurada. Alianza PAIS logró 74 escaños, lo que les garantizaba tener los votos suficientes para la mayoría absoluta (70 votos).
Además, una figura fuerte del movimiento, José Serrano, fue seleccionado como presidente del Legislativo días antes de la posesión de Moreno.
Top de acciones gubernamentales
- Consulta popular para la instalación del Consejo de Participación Transitorio, que revisó los nombramientos de las autoridades de las instituciones de control.
- Retiro de funciones al vicepresidente electo, Jorge Glas.
- Ruptura del bloque legislativo de Alianza PAIS y separación del bloque correísta.
- Pelea judicial para mantener la presidencia de Alianza PAIS y relegar al correísmo.
- Designación de María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán e Iván Granda, de Ruptura 25, como parte de su mesa chica.
‘La catástrofe’
Apenas dos meses después de que Lenín Moreno fue posesionado, el presidente decidió retirarle oficialmente las funciones al vicepresidente Jorge Glas. La decisión marcó el inicio de la ruptura con su predecesor, Rafael Correa, y el inicio de una serie de decisiones que constituyeron el fin de Alianza PAIS.
El 3 de agosto de 2017, Moreno firmó el decreto con el que le retiró las funciones a Glas, entonces investigado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht junto a su tío, Ricardo Rivera.
La decisión del Moreno generó como primera reacción la separación de gran parte del bloque de asambleístas de Alianza PAIS.
En octubre de 2017, 30 legisladores se separaron del oficialismo y formaron la bancada de Revolución Ciudadana, que se pasó a la oposición y se mantuvo cerca a Correa.
Esto fue el inicio de la ruptura entre Ejecutivo y Legislativo. A esto se sumaron los problemas internos de la Asamblea que terminaron con la destitución de José Serrano como presidente, y la no reelección de Elizabeth Cabezas (AP) para ese mismo cargo.
En la Asamblea, sin un bloque legislativo fuerte, la ministra de Gobierno María Paula Romo fue clave en las negociaciones. Pero ella también fue señalada por un supuesto “reparto” a cambio de votos, que se destapó con la detención del exasambleísta Daniel Mendoza, cercano a Romo y a Moreno.
Finalmente, en los últimos meses de gobierno el Ejecutivo enfrentó un bloqueo legislativo. Sin un papel preponderante de Moreno dentro de Alianza PAIS, lo que quedó de ese movimiento en la Asamblea se desgranó poco a poco y generó problemas, por ejemplo, para cumplir los compromisos a los que el país llegó con el FMI.
Lo que hereda al nuevo gobierno
El gobierno de Guillermo Lasso llega con la promesa de la separación de funciones del Estado, pero se enfrentará a instituciones con imágenes fuertemente desgastadas que le pueden rebotar.
Aunque el funcionamiento de las instituciones de fuera del Ejecutivo no le compete directamente, su trabajo se verá directamente relacionado por su desempeño y su percepción pública.
De entrada, el primer problema para Lasso será la Asamblea. El presidente electo no llega con una mayoría consolidada, y la aprobación de sus iniciativas legales dependerá de acuerdos con Pachakutik y la Izquierda Democrática.
Pero la Asamblea hereda también una crisis institucional de la que tiene que recuperarse y en los primeros días no lo ha logrado. El período legislativo que terminó tuvo una aprobación del 5% según encuestas, y los líos en la instalación de la actual Asamblea ya generan golpes en su imagen.
A esto se le suman los problemas en las otras funciones del Estado:
Una Contraloría cuyo titular cumple prisión preventiva por presunto peculado, una Función Electoral en constante pugna interna, una Defensoría del Pueblo con su autoridad procesada por presunto abuso sexual, una Judicatura envuelta en polémica por la separación de uno de sus miembros.
Las autoridades de las otras funciones del Estado con las que Lasso asumirá el cargo son:
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