Aunque los legisladores reciben constantes críticas por sus ausencias o su falta de trabajo, en la ley no está contemplada una opción para calificar su desempeño. La revocatoria del mandato es el único mecanismo de destitución de iniciativa ciudadana.
El Pleno de la Asamblea Nacional está en pausa. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no convocará a sesiones durante esta semana, mientras la Comisión de Desarrollo Económico termina la redacción del informe para segundo debate de la Ley de Inversiones.
La decisión de Llori coincide con el anuncio del correísmo y del partido de derecha PSC, de que insistirán en su propuesta de evaluar al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Por lo que no convocar al Pleno le da a Llori más tiempo en su cargo.
La crisis legislativa se mantiene, con los dos bandos fijos. De un lado, exigiendo esta evaluación, están UNES, el PSC y la facción radical del movimiento indígena Pachakutik. Del otro, la facción moderada de Pachakutik y la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
El panorama no cambió a pesar de los intentos de reconciliación interna de Pachakutik y de haber cedido, por ejemplo, en el trámite de la derogatoria de la reforma tributaria.
El Legislativo enfrenta una crisis de credibilidad desde hace ya varios meses, que se agrava con las nuevas polémicas. En ese escenario, la opción que nace en la Asamblea es la de evaluar a todos los asambleístas, pero esa posibilidad no está contemplada en la ley.
¿Se puede evaluar a los asambleístas?
La Asamblea tiene cifras en rojo. La producción legislativa ha sido muy baja, algo que causa preocupación en las bancadas. Mientras que la ambiciosa agenda legislativa planteada a en junio de 2021 tiene un avance mínimo.
Según un análisis de PRIMICIAS realizado con corte a febrero de 2022, en nueve meses de gestión había 37 asambleístas que no habían presentado ni un proyecto de ley, y 10 que no habían hecho ni un pedido de información. Además, hay asambleístas que constantemente faltan a las sesiones del Pleno.
Pero estas acciones y omisiones no tienen ninguna sanción establecida en la ley. De hecho, la Ley de la Función Legislativa no contempla la posibilidad de hacer una evaluación a todos los asambleístas, como se sugiere ahora en el marco de la posibilidad de evaluar al CAL.
Este es uno de los argumentos que Llori esgrime para rechazar la evaluación planteada por UNES, PSC y una parte de Pachakutik. La ley solo habla de la destitución de las autoridades de la Asamblea, para lo cual se debe crear una comisión multipartidista. Pero no habla de evaluaciones.
Es por ello que Llori pidió a la Procuraduría que emita su criterio. En su respuesta, ese organismo aseguró que la remoción de las autoridades de la Asamblea debe seguir tres pasos: calificación, sustentación y tratamiento en el Pleno.
Sin embargo, UNES, PSC y la facción radical de Pachakutik aseguran que el Pleno es el máximo órgano de la Asamblea, y puede, por lo tanto, tomar cualquier decisión.
La posible revocatoria del mandato
La opción que toma fuerza, entonces, es la revocatoria de mandato. Este mecanismo de democracia directa sirve para remover a las autoridades de elección popular, a través de una votación.
Para llevar adelante la revocatoria de mandato, los ciudadanos que la impulsan deben reunir las firmas de, al menos, el 10% del padrón de la jurisdicción que corresponda. Es decir, que en el caso de los asambleístas, este porcentaje dependerá de la provincia o circunscripción en la que fueron electos.
La revocatoria del mandato solo puede llevarse adelante una vez cumplido el primer año y antes del último del periodo legislativo. Esto quiere decirse que, en el caso actual, debería presentarse a partir del 14 de mayo de 2022.
El colectivo ciudadano que impulsa acciones contra las amnistías habla también de esta posibilidad para los 99 asambleístas que votaron a favor. Esto les significaría, para los asambleístas nacionales, recoger al menos 1,3 millones de firmas.
De concretarse este pedido, sería uno de los primeros impulsados contra asambleístas. En 2015, una organización social impulsó la revocatoria contra tres legisladores de Alianza PAIS en Guayas, pero no prosperó. Mientras que en 2021, el expresidente Rafael Correa anunció la revocatoria contra Francisco León, que se separó de UNES; pero tampoco se presentó oficialmente.
También le puede interesar:
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último