ADN y el correísmo votan a favor de reforma que acorta los plazos para la extradición de delincuentes

El Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el 7 de julio el proyecto de reforma a la Ley de Extradición, que recorta plazos para la entrega de personas ligadas a actos delictivos a otros países, así como el retorno de personas requeridas por la justicia ecuatoriana.

Hubo 139 votos que salieron de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y los independientes.

La propuesta fue trabajada por la Comisión de Justicia, que está liderada por Acción Democrática Nacional (ADN). Entre otros puntos, plantea reestructurar casi en su totalidad la normativa que está vigente y que data de hace 26 años.

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El proyecto fue presentado en julio de 2025 por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing Nagua.

El oficialismo defendió la modernización de la Ley de Extradición para que vaya acorde a la consulta popular de 2024, en la que más del 60% de votantes aprobaron que procesados por actos delictivos puedan ser enviadas a países que los requieran, incluso si son ecuatorianos.

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La Constitución de 2008 prohibía la extradición de connacionales y señalaba que su juzgamiento se sujetaría a las leyes ecuatorianas.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, de ADN destacó la reducción de plazos para la extradición dentro de esta propuesta.

"Había extradiciones que pese a que la ley decía dos años demoraban tres, cuatro, cinco y hasta seis años. Lo que estamos haciendo es acortar los plazos"

Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia

"La Ley cumple tratados internacionales", dice ADN

El asambleísta Keeven Gallardo, de ADN, dijo que 30 expertos dieron sus aportes para la construcción de esta Ley de Extradición, a la que calificó como una herramienta para combatir al crimen organizado en Ecuador.

Fustigó a la bancada de Revolución Ciudadana (RC) que en la Comisión de Justicia votó en contra del informe para primero y segundo debate, dejando clara su postura en contra de la extradición.

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"Esta ley, a pesar de ser eminentemente técnica, si se ajusta a los estándares internacionales, por lo que no se puede decir que vulnera derechos fundamentales en materia de derechos humanos", aseguró Gallardo.

Resaltó que se mantiene la prohibición de extradición a países que no garanticen el derecho a la vida, tengan antecedentes de ejecuciones extrajudiciales o no impida la tortura para los privados de la libertad.

Torres agregó que el proyecto define los roles que cada instancia deberá cumplir en el proceso de extradición. Estas son la Corte Nacional de Justicia, la Cancillería y la Presidencia de la República.

Correísmo cambia de postura, pero con reparos

Durante el debate de la ley, la bancada correísta dijo que el proyecto tal como está planteado no es la "panacea" que el oficialismo promociona, y que no solucionará los problemas de inseguridad que enfrenta Ecuador.

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El legislador César Palacios reconoció que la ley vigente desde 2000 es necesario actualizarla, aunque señaló que dicha actualización no ha sido indispensable para que ciertos delincuentes hayan sido extraditados a países como Estados Unidos.

Palacios aseguró que el tiempo les ha dado la razón, porque el gobierno de Daniel Noboa presentó en la consulta popular a la extradición como la "piedra filosofal" para terminar con la inseguridad, pero dos años después, el problema de la violencia sigue.

El correísmo también cuestionó que el proyecto señala que la última palabra sobre la extradición sea la del presidente de la República, pese a lo que diga el análisis jurídico y los informes de la Corte Nacional de Justicia. 

"El día de mañana cualquier protesta social, cualquier dirigente que sale a las calles a manifestar su inconformidad contra un gobierno puede ser acusado como terrorista, lo que es susceptible de extradición".

César Palacios, asambleísta del correísmo

Pese a esos reparos, la bancada correísta anunció durante el debate que votaría a favor del proyecto de ADN, "para que el gobierno no ponga de pretexto de que nosotros somos los responsables de la responsabilidad que tiene en la violencia", dijo Palacios.

Pese al anuncio correísta de votar a favor, la bancada de ADN recordó a la RC que hay políticos vinculados a esa fuerza política como Ronnie Aleaga, que está prófugo de la justicia. "Siguen con un relato que no tiene sentido", cuestionó Paola Cabezas.

La legisladora Viviana Veloz dijo que espera que esta norma sirva para extraditar, por ejemplo, a los responsables del caso Progen, cuando se determine a los culpables. 

Mientras que Andrés Castillo, de ADN, respondió que ojalá también se pueda traer "a un fulano que está por Bélgica".