"Cuántos más secretos guarda un poder, es más fácil abusar, porque nadie ve lo que pasa", afirma François Valérian

El último Índice de Percepción de la Corrupción ubica a Ecuador entre los 12 países con peor calificación del continente, entre las 33 naciones analizadas. Y este reporte anual de Transparencia Internacional demuestra que se trata de una realidad que no ha cambiado y de una marca que ningún gobierno ha logrado quitarse de encima.

El informe alerta ahora sobre las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes. Esto, según documento, ha reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al Estado.

El Índice 2025 habla de una "erosión generalizada de la democracia debido a la inacción gubernamental", que también ha permitido el crecimiento del crimen organizado. Y afirma que en toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas.

• Ecuador consta entre los 12 países con más alta percepción de corrupción de América Latina, según Transparencia Internacional

En ese contexto, François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, explica cómo el secretismo gubernamental, los obstáculos para el acceso a la información pública, el abuso del poder y la ausencia de una real rendición de cuentas, en cualquier país, chocan directamente con los discursos de democracia, ofrecimientos de seguridad jurídica e intenciones de atraer inversión extranjera.

En entrevista con PRIMICIAS, el presidente de Transparencia Internacional, experto en flujos financieros ilícitos, integridad política y litigios estratégicos, explica por qué esto resulta contradictorio.

¿Cuáles son las características que demuestran que un gobierno es transparente?

Es una autoridad que publica todo lo que hace, todos los contratos firmados, que tiene reglas claras que son publicadas también. Y permite que la ciudadanía pueda verificar si todo lo hecho está dentro del marco legal y constitucional. 

Se trata de tener un sistema de publicación habitual y cotidiano, proactivo. Y así cumple con el derecho de acceso a la información pública. Es decir, el Gobierno publica todo antes de que la ciudadanía lo pida.

Además, transparencia es algo que ayuda al mismo gobierno a manejar sus asuntos, porque para publicar la información, primero tienes que tenerla ya organizada, para mantener esa eficacia. Y, también, que la información no sea borrada y mantenga un archivo accesible.

Entonces, un gobierno cerrado, que no cumple con la Ley de Transparencia y que, incluso, llega a declarar reservado un viaje presidencial, ¿es corrupto? 

No necesariamente, pero hay un riesgo enorme, porque hay el secreto. En cada país, cuando hay seres humanos que tienen que manejar sumas importantes de dinero, sin rendición de cuentas, con secretismo, sin publicación de información, la tentanción es inmensa. Es la naturaleza humana.

Cuántos más secretos guarda un poder, es más fácil abusar, porque nadie ve lo que pasa.

François Valérian, Transparencia Internacional

¿Cuál es el principal efecto?

Donde hay corrupción los funcionarios roban el dinero público, lo que significa que esos recursos faltan para atender las necesidades de la población: salud educación, infraestructuras.

¿Hay otros riesgos?

Hay otros riesgos vinculados en Ecuador y otros países, como la captura de entidades públicas por parte del crimen organizado. 

Si todo es secreto y nada se publica, hay más posibilidades para los grupos criminales de capturar una parte del Estado o del sistema judicial. Esto me recuerda al caso Metástasis, por ejemplo.

Otro riesgo es la falta de conocimiento de la titularidad real de las empresas privadas. Si no conocemos los dueños verdaderos de todas las empresas, es posible para el crimen organizado y los funcionarios corruptos entrar en contrataciones con el Estado y capturar una parte de ese Estado.

Entonces, para luchar contra el crimen organizado se requiere transparencia en la gestión pública.

Claro que sí. Pero además de la transparencia tiene que haber seguridad para los periodistas, activistas y para los jueces.

Sin seguridad para los que luchan contra los abusos de poder, no es posible luchar contra ese abuso. Y en Ecuador hay una impunidad doble: una con los hechos de corrupción y otra con los ataques que sufren aquellos que luchan contra esa corrupción.

En ese escenario, ¿por dónde debe empezar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado?

Un punto de partida muy importante es no tener miedo de la democracia ni del Estado de derecho, que son las mejores armas contra la violencia, el abuso del poder y el crimen organizado.

Y las organizaciones de sociedad civil, los periodistas y los activistas son los aliados del país en esa lucha, contra todas las amenazas contra la ciudadanía. Pero primero se requiere combatir la estigmatización y amenazas permanentes contra ellos. 

No se puede defender la democracia cuando los periodistas y activistas son amenazados.

François Valérian, Transparencia Internacional

Sin embargo, en Ecuador la lucha contra el crimen organizado se lidera desde el aspecto bélico y ahora el Gobierno apuesta por un gran impulso económico. ¿Basta con eso?

Sobre el aspecto bélico no tengo comentarios particulares, pero la economía es un aspecto central. Y hay una brecha entre la riqueza de Ecuador y la capacidad de atraer las inversiones extranjeras, que está muy limitada.

Esto es porque desde afuera hay una convergencia de las preocupaciones económicas con la ética y la lucha contra el abuso del poder. No es posible construir una economía sostenible y atraer las inversiones extranjeras sin luchar contra la corrupción y vencerla.

No hay seguridad jurídica sin transparencia. Tampoco donde hay abusos de poder, sistemas coptados por el crimen y la corrupción, donde las autoridades son designadas sin reglas claras.

Los inversionistas quieren poner su dinero en un país donde hay riesgos que se pueden medir, donde no hay riesgos de inestabilidad en el sistema judicial. Lo que sí puede llegar son las 'inversiones' del crimen organizado o de países que prefieren firmar contratos que no son publicados, para que la ciudadanía no pueda saber a quién benefician esas transacciones.

¿Se puede hablar de democracia sin transparencia de los gobiernos?

No lo creo y no lo veo posible.

En Ecuador hay autoridades que se excusan en la seguridad de los funcionarios públicos y de esos mismos recursos públicos, para esconder información bajo reserva o clasificación. ¿Es válido?

Durante siglos hubo esa práctica de quienes tienen el poder, de pensar que el secreto era la condición de la eficacia en el ejercicio del poder. Pero no es verdad. Hay situaciones muy particulares donde sí es necesario ser cuidadoso en la publicación de cierta información, pero es la excepción.

La regla tiene que ser la publicación de toda la información pública, porque se trata del dinero público y es el dinero de los ciudadanos. Los contratos públicos son celebrados con el dinero de la ciudadanía.

En muchos países vemos un abuso de la defensa, de la confidencialidad y de la seguridad. Y no niego los desafíos muy importantes en seguridad. Pero el Gobierno adoptó medidas muy fuertes contra el crimen organizado y la respuesta fundamental, contra quienes violan el derecho, es el Estado de derecho y la publicación de todo lo que es del ámbito público.

Esa transparencia abarca también las rendiciones de cuentas sobre la gestión de los funcionarios públicos, pero en Ecuador esto se ha convertido en algo meramente teatral, esquivando siempre los problemas y errores.

Cuando hay una persona que es nombrada directora ejecutiva de una empresa, por los dueños, para dirigirla, tiene que rendir cuentas a esos dueños. Tiene que pasar lo mismo en la política. Los líderes políticos son elegidos por la población para manejar el dinero de la ciudadanía y tienen que rendir cuentas.

El poder no es un regalo que la población hace a los líderes políticos, para que puedan hacer lo que quieran. Tienen que rendir cuentas exactamente como un empleado de una empresa privada tiene que hacerlo con los dueños.

Hay muchas cosas que hacen falta por hacer: el control por parte de la Asamblea Nacional y el control del marco constitucional por parte de la Corte Constitucional, para prevenir el abuso de poder y el enriquecimiento ilícito.

En Ecuador nadie dice nada sobre las rendiciones de cuentas superfluas y decorativas, tampoco hay seguimiento ni sanción eficaz. ¿Qué otra opción preventiva se puede utilizar? 

Para prevenir el abuso o enriquecimiento ilícito de los encargados del poder y los funcionarios públicos necesitamos las declaraciones patrimoniales juramentadas, que sí existen en Ecuador. Pero tienen que contar con un acceso público fácil, sin obstáculos. Es la única forma de verificación real existente.

Pero además necesitamos una declaración de los conflictos de interés, que esto incluye lo que hacen los esposos, esposas, hijos. Y para eso se requiere una ley que no existe en Ecuador.

En el país sucede lo contrario. El Gobierno actual derogó el Código de Ética de la Función Ejecutiva, que obligaba a declarar los conflictos de interés ante la Contraloría. Y la Contraloría ha complicado, además, el acceso libre a las declaraciones juramentadas, bajo el argumento de la protección de datos de los funcionarios.

Ninguna situación de seguridad puede ser el argumento para que todas las declaraciones patrimoniales sean de acceso muy difícil o prohibido.