IESS auditará parte de la histórica deuda de más de USD 7.000 millones que el Estado mantiene por la salud de los jubilados

A casi un año del convenio para viabilizar el pago de la deuda del Estado con el IESS por las prestaciones de salud a pacientes vulnerables desde 2011, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició la contratación de una auditoría para definir el millonario monto a pagar.

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El IESS inició el 28 de julio de 2026 el proceso para contratar una firma externa que audite y determine el monto que el Estado adeuda por la atención médica de los jubilados. La auditoría tendrá un costo de USD 1,7 millones.

Como parte de este proceso, el IESS entregará a la firma auditora una base de 2.190.160 expedientes de prestaciones de salud correspondientes a jubilados, que abarcan el período 2011-2016 y que ya fueron auditados internamente y consolidados por la institución. 

Esa información está asociada a atenciones de salud por USD 458,3 millones, una cantidad importante que podría ayudar a solventar parte de la crisis en insumos, medicamentos e infraestructura sanitaria.

El requisito de la consultoría se aprobó en un convenio marco firmado el 30 de octubre de 2025 entre la ministra de Finanzas, Sariha Moya, y la Dirección Nacional de Aseguramiento del Seguro de Salud del IESS, representado por Francisco Abad, director general del IESS. El entonces presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama, fue testigo. Se trataba del tercer convenio de esas instituciones.

El primero se firmó el 30 de mayo de 2022 y tuvo vigencia hasta mayo de 2025. Antes de su vencimiento se firmó un segundo convenio, el 16 de diciembre de 2024, que incluía un plan de amortización de la deuda con un plazo de 10 años y pagos anuales con cargo al Presupuesto General del Estado 2025 como garantía soberana.

“Sin la contratación de una consultoría técnica especializada, el IESS no podrá cumplir con las obligaciones del convenio marco ni garantizar la legitimidad y trazabilidad de la información validada, requisito indispensable para acelerar la recuperación de recursos adeudados por el Estado, necesario para fortalecer la liquidez del fondo de Salud”, detalla el informe del IESS.

Sin embargo, esa cifra representa solo una parte de una deuda histórica que el Estado mantiene con la seguridad social. Además de la atención médica de los jubilados, el Estado debe financiar la atención de personas con enfermedades catastróficas, el aporte estatal del 40% para el pago de pensiones y otras obligaciones previstas en la ley.

Según cifras del IESS, con corte a noviembre de 2024, la deuda total del Estado ascendía a USD 24.233,3 millones, acumulada desde 2001. De ese monto, USD 7.054,4 millones correspondían a la atención médica de los jubilados y USD 4.302,2 millones a la cobertura de enfermedades catastróficas. 

El resto incluye obligaciones por el aporte estatal del 40% a las pensiones, el Seguro Social Campesino, Riesgos del Trabajo, devoluciones del IVA e intereses generados por la mora.

Desde entonces, el monto pendiente de pago continuó creciendo. A junio de 2025, Édgar Lama, quien entonces presidía el Consejo Directivo del IESS en representación de la Presidencia de la República, informó que la deuda del Estado ya superaba los USD 27.389 millones.

Para Henry Llanes, presidente del Frente de Defensa del IESS, el volumen de la deuda refleja que el fondo de salud del Instituto está quebrado. A su criterio, las auditorías sobre las obligaciones del Estado se han convertido en una "muletilla" para aplazar el pago de esos recursos, lo que termina por "menoscabar el patrimonio" del IESS.

“Hay una práctica de los gobiernos de querer borrar la deuda acumulada, se busca disminuir el monto, dilatar los pagos. ¿Cómo es que quieren hacer una auditoría si ellos tienen las cifras? Es para no pagar o para transferir cifras irrisorias”.

Henry Llanes, Frente de Defensa del IESS

Llanes recuerda que en 2016, el entonces Gobierno de Rafael Correa, intentaron eliminaron USD 2.527,8 millones de los estados financieros del Seguro Social bajo el argumento de que la deuda estatal por prestaciones de salud era "incuantificable" debido a la falta de un reglamento. Tras la polémica, los valores fueron restituidos a los balances.

“Me dieron cita para dentro de un año”

Mientras la deuda del Estado con el IESS crece, la atención de los jubilados se deteriora cada vez más. Muchos pensionistas como Mercedes Martínez, jubilada de 72 años, ha “tirado la toalla” cada vez que intenta conseguir una cita en algún hospital del IESS en Guayaquil.

“Mis hijos me ayudan con las consultas y con las recetas, ellos pagan a un doctor particular, porque en el Seguro nunca hay nada, y a uno lo tratan peor que a un mendigo, creen que nos están haciendo un favor. Ya me cansé, he tirado la toalla muchas veces”.

Mercedes Martínez, jubilada

Mercedes, guayaquileña y abuela de nueve nietos, padece de hipertensión pulmonar y tiene un soplo congénito en el corazón. De joven no quiso operarse por temor a fallecer en la cirugía y dejar a sus cinco hijos en la orfandad, y desde los 50 intentó aprovechar el IESS, pero el tiempo pasó sin conseguirlo y luego llegó la pandemia. Hoy le han dicho que su edad es un riesgo.

“Ya no me puedo operar, pero al menos quisiera que me vea el cardiólogo, pero nada, ni eso. Si no fuera por mis hijos, por ellos estoy bien”, comenta esta jubilada comerciante, cuyo caso no es extraño para el dirigente Henry Llanes. Él mismo se rindió de buscar un turno de atención.

“Ya no me atiendo nunca. Quería hacerme un examen de audiometría, fui en octubre de 2023 y me dieron cita para un año, para agosto de 2024, en el hospital San Francisco (Quito). Luego, el mismo hospital me deriva al Carlos Andrade Marín y cuando fui me dijeron que no había citas. Es un maltrato deshumanizado a los jubilados que hemos aportado 30, 35 años”, se queja.   

Más de 2 millones de expedientes

Con la auditoría, el IESS busca hacer frente a la “situación crítica” de la entidad. “El retraso en el proceso de validación técnica afecta la liquidez institucional, compromete la sostenibilidad del Seguro General de Salud y retrasa el cumplimiento de las obligaciones estatales”.

El contratista seleccionado para esta consultoría no solo debe analizar los 2 millones de expedientes, sino automatizarlos en un sistema tecnológico que permita generar certificados digitales por cada atención médica cubierta por el IESS o por sus prestadores externos.

La selección del oferente ganador se dará hasta el 11 de septiembre de 2026 y en el concurso está participando Espoltel, la empresa que también realiza las auditorías del IESS para proceder con los pagos a su red externa de salud.

Espoltel ha planteado en su oferta el cobro de USD 0,77 por cada uno de los 2.190.160 expedientes, lo que da un total de USD 1.686.423, más IVA, es decir USD 1.939.386. El plazo para la auditoría será de 90 días y comprende entregas de información cada 30 días.

En el primer mes, la contratista elegida debe entregar el 15% de los expedientes validados (328.451), en el segundo mes el 35% (475.990) y en el tercer mes el 50% (1.073.851).