Si el referendo es aprobado, la transición tomará hasta 21 meses

La primera enmienda del referendo tiene por objetivo permitir la extradición de ecuatorianos, que cometan delitos vinculados al crimen organizado transnacional.

Si la ciudadanía aprueba la propuesta en las urnas, la Asamblea tendrá un plazo de 365 días para aprobar las reformas a la Ley de Extradición. En caso de requerirlo, puede haber una única prórroga de 180 días para finiquitarlo.

Hasta que el Legislativo cumpla con su tarea, la Cancillería deberá expedir los acuerdos ministeriales pertinentes para aplicar la medida en un plazo de hasta 45 días, una vez que los resultados sean publicados en el Registro Oficial.

La segunda pregunta busca crear un Consejo Fiscal, que se encargue de todos los procesos que involucren al personal de la Fiscalía, para retirarle esa competencia al Consejo de la Judicatura.

Si la ciudadanía acepta la enmienda, la Fiscal General tendrá 90 días para remitir a la Asamblea un proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, que regule el nuevo mecanismo.

El Legislativo tendrá el plazo único de un año para tramitarlo y aprobarlo.

Mientras tanto, la Fiscalía General emitirá las resoluciones pertinentes para aplicar la enmienda, en el plazo de 30 días, desde la publicación de los resultados. En ese mismo tiempo, deberá además designar al nuevo Consejo Fiscal.

Y el Ministerio de Finanzas tendrá 30 días para reasignar las partidas presupuestarias que correspondan al nuevo Consejo.

La pregunta cuatro de la propuesta de referendo del presidente Lasso trata sobre la Asamblea Nacional. El Ejecutivo plantea la reducción de sus miembros bajo el argumento de mejorar la representatividad y la calidad legislativa.

Si la propuesta se aprueba, el Legislativo pasará de tener 137 legisladores a 116 en 2025. Pero si gana el 'No', para el siguiente periodo, la cifra incrementará a unos 152 asambleístas.

Si la pregunta se aprueba, la misma Legislatura tendrá un plazo único de 365 días para aprobar las leyes reformatorias a su propia Ley Orgánica y al Código de la Democracia, con los nuevos parámetros.

Además, la Cancillería tendrá un plazo de 45 días emitir las directrices para la creación de un registro de los ecuatorianos en el exterior, que deberá ser funcional en un año.

Con esta pregunta del referendo, el Gobierno busca exigir a los movimientos políticos que cuenten con un número de afiliados mínimo, del 1,5% de votantes, y obligarlos a llevar un registro de sus miembros, que sea auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En caso de que el 'Sí' consiga más votos en esta interrogante, el régimen transitorio será extenso. La autoridad electoral tendrá un plazo de 30 días para implementar un sistema de identificación biométrico y otro 45 días para regular el proceso de inscripción de los movimientos.

Estas agrupaciones políticas tendrán también 30 días para ajustar sus estatutos o normativas internas, de acuerdo a los nuevos requisitos. Y estos documentos deberán ser aprobados por el CNE en los 10 días consiguientes.

La autoridad electoral tendrá un plazo de 45 días para publicar el número de afiliados pertenecientes a cada movimiento político, así como también el número de afiliados que, de ser el caso, les haga falta para continuar existiendo.

En el caso de que los movimientos, nacionales o locales, no tengan el número requerido, tendrán un único plazo de un año para completar la cifra de afiliados, desde la habilitación del sistema de identificación biométrico.

Además, los movimientos que, en general, no cumplan con presentar las fichas completas de afiliación de sus miembros, en el plazo de un año, serán cancelados. El CNE debe tomar esta decisión en los 30 días siguientes de terminado el plazo.

Finalmente, el CNE tendrá 180 días para implementar también una plataforma electrónica que permita a cada ciudadano consultar su estado de afiliación política, garantizando la protección de sus datos personales.

La pregunta 5 busca retirarle al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) la atribución de designar autoridades de control y que, en su lugar, lo haga la Asamblea, a través de diferentes procesos públicos.

Para esto, en caso de que la enmienda sea aceptada en las urnas, el presidente Lasso tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley reformatorios que regulen estos cambios.

Una vez que lo haga, el Legislativo tendrá 365 para aprobar las nuevas leyes, con la posibilidad de una sola prórroga de 90 días.

Además, los concursos de selección de autoridades, que queden inconclusos bajo el régimen vigente, serán cancelados. Y quienes ocupen esos cargos serán prorrogados en funciones, hasta que se designe sus reemplazos bajo el nuevo régimen.

Se prevé también el caso de que estas autoridades prorrogadas se ausenten de sus cargos de manera definitiva. En ese caso, mientras no se aprueben las reformas, se aplicará el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución.

Finalmente, el Ministerio de Finanzas tendrá un plazo de 45 días para ajustar el presupuesto del CPCCS, de acuerdo a sus nuevas funciones.

Esta es la única pregunta de la propuesta de referendo que no tiene un régimen de transición. Es decir, de ganar el 'Sí' en las votaciones, la enmienda será automática.

Se eliminarán las elecciones por sufragio universal de los consejeros del CPCCS, pero se mantendrá la prohibición de que sean militantes de alguna agrupación política, al menos, en los últimos cinco años.

Una vez terminado el periodo de cuatro años, los siguientes vocales serán elegidos con el voto de la mayoría absoluta de los asambleístas (71), de entre una lista de 20 candidatos remitidos por una comisión técnica de selección.

Con la pregunta 7, el Ejecutivo plantea enmendar el artículo 405 de la Constitución, en la parte que habla de los subsistemas de protección: estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. Y agregar el de protección hídrica.

Si la ciudadanía acepta la propuesta, el Legislativo tendrá un plazo de un año para aprobar la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que regule la medida.

El trámite solo podrá prolongarse por 180 días.

Hasta que la Asamblea así lo realice, el Ministerio del Ambiente expedirá las resoluciones necesarias para su cumplimiento, en un tiempo máximo de 60 días.

Las áreas de protección hídrica existentes serán asignadas al nuevo subsistema en la materia en el plazo de 90 días, desde la publicación de los resultados.

El objetivo del Gobierno con la última pregunta del referendo es que, bajo el control del Ministerio de Ambiente, se otorguen incentivos económicos a quienes se dediquen a la generación de servicios ambientales.

En caso de que el 'Sí' gane en esta pregunta, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días, desde que se publiquen los resultados en el Registro Oficial, para aprobar la ley reformatoria al Código del Ambiente que regule la enmienda.

Ese plazo podrá ser prorrogado una sola vez por 180 días.

Mientras esto sucede, el Ministerio del Ambiente expedirá acuerdos ministeriales que permitan la aplicación de la medida, en un plazo de 90 días.