Recorte presupuestario también afectará a los gobiernos locales

Las preasignaciones del Gobierno Central estaban previstas en USD 5.872 millones en 2020, pero ese rubro será recortado por la difícil situación del país.

El Ministerio de Finanzas continúa con el ajuste presupuestario, lo que implica que no sólo las preasignaciones para las universidades se verán reducidas sino también las obligaciones para otras instituciones.

Si el recorte se concreta, el presupuesto del Estado pasaría de los USD 35.498 millones aprobados originalmente a USD 30.498 millones este año, debido a la crisis económica agravada por la emergencia sanitaria.

Lo dijo a PRIMICIAS una fuente del Ministerio de Finanzas, al señalar que el recorte obedece a la abrupta caída de los ingresos petroleros y tributarios, lo que llevó a Finanzas ajustar los supuestos macroeconómicos del país.

Según cálculos conservadores, las exportaciones petroleras caerían unos USD 2.900 millones por la rotura de los oleoductos y por la reducción del precio internacional del petróleo.

Mientras que la recaudación tributaria se reduciría en unos USD 1.862 millones en 2020, debido a la menor actividad económica por efecto de las medidas de restricción de actividades para contener el contagio de Covid-19.

Antes de la crisis por Covid-19 y del colapso del mercado petrolero, las preasignaciones ascendían a USD 5.872 para 2020.

¿De dónde provienen y a dónde van los recursos para las preasignaciones que debe pagar el Gobierno Central y que están contemplados en el Presupuesto General del Estado?

Para la educación

Las preasignaciones para la educación superior tienen tres fuentes presupuestarias:

El 11% de lo recaudado por Impuesto a la Renta (IR).
El 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), obligación contemplada en la Ley del Fondo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas.
El 0,5% del IVA de la Ley de la Universidad Agraria del Ecuador.

La última reducción de USD 105,4 millones a las universidades públicas, así como las privadas cofinanciadas y de posgrado tiene una explicación técnica.

Según Finanzas, las universidades debían recibir USD 931 millones. De ese total, USD 451,4 por lo recaudado con el Impuesto a la Renta y USD 479,9 por el IVA.

Por el impacto del coronavirus, las actividades económicas se redujeron fuertemente entre marzo y lo que va de mayo, bajó la recaudación tributaria y, con ella, los recursos disponibles para preasignaciones.

Ahora, la estimación de Finanzas es que las instituciones de educación superior recibirán USD 833,6 millones en 2020, es decir, USD 97,6 millones menos que lo que estaba previsto a comienzos de año.

Pero no es el único ingreso que tienen las universidades. También reciben un porcentaje de los ingresos del Presupuesto para los “gastos de funcionamiento”.

Este año, la asignación para estos gastos era de USD 17 millones. Pero, con la revisión presupuestaria, solo quedarán unos USD 9,3 millones.

También existe otra asignación por gratuidad educativa. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece las asignaciones para financiar la gratuidad para las instituciones educativas públicas.

En 2020 la preasignación por gratuidad estaba prevista en USD 183 millones.

Además, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria de Ecuador dispone que las universidades públicas, así como las cofinanciadas, recibirán una compensación por la llamada “donación del Impuesto a la Renta”.

Por otro lado, estaba previsto un aporte de USD 1.110 millones como preasignación para la educación básica y el bachillerato, así como para el sistema nacional de Salud.

De ese total, USD 557 millones eran para educación y USD 553 millones, para salud.

Estudiantes protestan en los exteriores de la Universidad Central, el martes 5 de mayo de 2020. cortesía

Gobiernos locales con menos plata

La pobreza alcanza a todo el mundo.

El modelo de equidad territorial definido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) asigna los recursos a los gobiernos seccionales, por los que se entienden prefecturas, municipios y parroquias.

Los recursos que reciben provienen de las siguientes fuentes:

El 21% de los ingresos permanentes (recaudación tributaria, por ejemplo).
El 10% de los ingresos no permanentes (exportaciones petroleras).

Los gobiernos seccionales debían recibir USD 3.044 millones en 2020, según Finanzas.

De ese total:

El 27% de los recursos se destinan a las prefecturas.
El 67% de los recursos se destinan a los municipios.
El 6% de los recursos se destinan a las parroquias.

Al igual que en el caso de las universidades, si la recaudación tributaria y las exportaciones petroleras caen, los gobiernos seccionales tendrán que ajustarse el cinturón.

El Ministerio de Finanzas está en pleno proceso de “reestimación de los ingresos planificados a inicios de año”, es decir, de recorte.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también perciben dinero de otras cinco fuentes. A inicios de año estaba previsto que recibieran USD 588,1 millones.

Una de esas fuentes es una participación de 96% de lo que se recauda por el impuesto de USD 2 por barril de petróleo. Esto en el caso de los GAD de la región amazónica, por ser los territorios donde se produce el petróleo.

Este año estaba previsto que los mencionados GAD recibieran USD 382,7 millones por ese concepto. Pero con los precios del crudo a la baja y una fuerte caída en la producción, debido a la rotura de los dos oleoductos del país, esa tajada se reducirá.

Otras obligaciones

El Gobierno Central también tiene otras preasignaciones no menos importantes.

Este año debía transferir USD 113,8 millones para la atención integral de cáncer. El monto es destinado para la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca).

¿Cuál es el origen de ese fondo? El Ministerio de Finanzas destina los recursos generados por el impuesto a las operaciones de crédito (transacciones bancarias) para financiar parcialmente la red de hospitales de Solca y la atención a los pacientes.

También existen preasignaciones por regalías mineras y por las utilidades de concesionarios mineros, que están establecidos en la Ley de Minería.

Noticias relacionadas