El Gobierno se acerca a su fin con las instituciones en colapso

No solo la Vicepresidencia ha tenido cuatro autoridades en un mismo periodo por primera vez en la historia. El gabinete ministerial del presidente Lenín Moreno apenas sobrevive a las crisis económica, sanitaria y a las pugnas políticas. Solo desde que empezó la pandemia, cinco funcionarios han pasado por el despacho del Ministerio de Salud. Y el principal problema ha sido la gestión del plan de vacunación, que no termina de despegar. Las sombras de corrupción y mala administración continúan, en la lista están los escándalos de los vacunados 'VIP', la ausencia de un verdadero plan de vacunación y de un inventario, el maltrato y desinformación a los grupos prioritarios. Moreno también ha tenido que enfrentar bajas clave en el gabinete como la de María Paula Romo, destituida del Ministerio de Gobierno por la Asamblea Nacional, y de su secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, quien se fue por motivos personales. Lo mismo hicieron el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el canciller Luis Gallegos; la secretaria de Comunicación, María Caridad Vela; el ministro de Inclusión, Iván Granda y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, entre los más destacados. La lista de deserciones y caídos es larga.

A casi dos semanas de terminar su periodo, en la Asamblea Nacional todavía hay leyes prioritarias que deberían resolverse antes del 14 de mayo. Entre estas están el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Extinción de Dominio. Pero, además, hay cientos de proyectos acumulados. Como los 128 proyectos, presentados desde 2019, que ni siquiera superan el primer paso de la calificación. Ese no es el mayor problema del Legislativo. Durante este periodo, la entidad fue opacada por los escándalos de corrupción además de la incapacidad de legislar o fiscalizar de manera oportuna, según el contexto del país. Las deudas de la legislatura con la ciudadanía le concedieron la credibilidad y aprobación más bajas de la historia, con un 2% y 5% respectivamente.

La pugna institucional dentro de la Función Electoral puso drama a las elecciones generales 2021. Los roces no solo se dieron entre los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Más allá de las complicaciones que implicó la pandemia y de las reducciones presupuestarias pedidas por Finanzas, los comicios estuvieron rodeados de las decisiones divididas y denuncias dentro del mismo CNE. Sin contar con que su presidenta Diana Atamaint fue fiscalizada por la Asamblea Nacional -sin éxito- pero en medio de un escándalo de corrupción que le costó el puesto al legislador Daniel Mendoza, cuya ausencia salvó a la titular del CNE. El CNE también mantuvo fuertes controversias con el TCE, que en un momento destituyó a cuatro de los cinco consejeros. Y este escenario incluyó en la pugna a la Contraloría y hasta la Corte Constitucional. Después de una caótica primera vuelta, con una denuncia de supuesto fraude incluida, y apenas proclamados los resultados de segunda vuelta, el consejero Luis Verdesoto presentó su renuncia y abandonó la entidad.

Después de la caída del contralor prófugo Carlos Pólit, parecía que la Contraloría retomaba estabilidad. Sin embargo, el trabajo de la entidad se vio afectado por el ataque que sufrió su sede en octubre de 2019, donde se incendió el edificio y se perdió documentación. Un año y medio después, el contralor subrogante Pablo Celi también enfrenta una suerte similar a la de su predecesor, con una investigación por presunta delincuencia organizada por la cual cumple prisión preventiva. Ahora la entidad vive en una doble subrogación a la espera de que se designe a un nuevo titular o de que se reforme su estructura administrativa, lo cual no sucederá, puesto que el correspondiente proyecto legal no ha sido tramitado. En esta Función está el polémico Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que debería nombrar al nuevo contralor, pero espera una respuesta de la Corte Constitucional para ver si puede hacerlo. Además de esto enfrenta los anuncios de extinción desde varios ángulos. La entidad, que ha perdido a dos presidentes por casos de corrupción y a tres consejeros por incumplimiento de funciones, enfrentará un nuevo intento de eliminación. Pocos meses después de que la Asamblea Nacional se negara a hacerlo, el presidente electo Guillermo Lasso anunció que impulsará una reforma constitucional que permita definitivamente suprimir este organismo y establecer una nueva metodología de designación de autoridades de control.

Las polémicas por sentencias o ausencia de sentencias en determinados casos mantiene la lupa sobre el trabajo de la Función Judicial. Especialmente en casos de corrupción y de violencia de género. Los plantones y manifestaciones afuera de cortes y juzgados no son inusuales. Incluso la Fiscalía ha presentado denuncias y quejas en contra de jueces ante el Consejo de la Judicatura. El caso más reciente es el del hospital de Pedernales, donde la Fiscal General se quejó por el cambio del delito y la reducción de penas. A esto se sumó la evaluación de jueces, que hace poco más de un año, dejó en crisis a la entidad y con varias salas vacías. Asimismo, el Consejo de la Judicatura perdió uno de sus vocales el martes 27 de abril. Fausto Murillo fue revocado del cargo el 23 de abril, por el Consejo de Participación Ciudadana, bajo pedido del Ministerio del Trabajo, con el argumento de que el funcionario tiene impedimento para ejercer cargos públicos. Aunque el caso fue apelado ante la Justicia y el 24 de abril el juez Juan Carlos Aguiar, de Babahoyo, aceptó las medidas cautelares, después dio marcha atrás y el 26 de abril dejó sin efecto su sentencia y dio paso a su destitución.