Inmunidad o prohibición: cuando los procesos judiciales influyen en las candidaturas

El expresidente Rafael Correa anunció su candidatura vicepresidencial. Sin embargo, que esta se concrete o que eventualmente pueda posesionarse depende del ámbito judicial.

El caso Sobornos 2012-2016 está a puertas del recurso de casación, el último antes de que la sentencia quede en firme y que se inhabilite políticamente a Correa por ocho años.

Si la sentencia llega antes del 18 de septiembre, el exmandatario no podrá inscribirse como candidato a ninguna dignidad.

Pero, si la sentencia llegase de manera posterior a su inscripción, él no podrá ser detenido mientras sea candidato, hasta que se proclamen los resultados. 

El constitucionalista Ismael Quintana explica que en ese caso, y si Correa llegara a ganar, no podría posesionarse en el cargo por tener suspendidos sus derechos políticos.

Los máximos líderes de Fuerza Ecuador (FE) están siendo observados por la justicia. Su partido es nacional y pueden plantear candidaturas a todas las dignidades.

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo forman parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos.

Sus hijos Abdalá 'Dalo' Bucaram Pulley y Michel y su nuera Gabriela Pazmiño, en cambio, son parte de una investigación por asociación ilícita, también relacionada con la corrupción en los hospitales.

Bucaram Ortiz ha confirmado su aspiración presidencial. En su caso, al no haber una sentencia ejecutoria, no tiene prohibición para inscribirse.

Más bien, si concreta su inscripción, Bucaram ganaría inmunidad y su caso quedaría en el limbo hasta que se proclamen los resultados. Y si llegara a ganar sería juzgado directamente por la Corte Nacional.

Lo mismo ocurre con su hijo 'Dalo' y Gabriela Pazmiño. Ambos han sido legisladores en una sola ocasión y podrían volver a ser candidatos. En ese caso, se anularían las órdenes de prisión que pesan en su contra hasta que se proclamen los resultados.

El exasambleísta Virgilio Hernández figura en la lista de precandidatos de Centro Democrático para el Parlamento Andino.

Él, además, forma parte de un proceso penal por presunta rebelión durante las violentas protestas de octubre de 2019.

Este viernes 21 de agosto de 2020, la Corte Provincial de Pichincha decidirá si Hernández, la prefecta Paola Pabón y el dirigente Christian González son llamados a juicio por este caso. 

Si se consuma el llamamiento a juicio y Hernández inscribe su candidatura, el proceso quedará en suspenso hasta que se proclamen los resultados de las elecciones.

Y, en caso de que Hernández gane, el juicio deberá ser tramitado ante la Corte Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, reveló al país que 60 asambleístas, que representan el 44% del Pleno, tienen causas judiciales pendientes.

Esa cifra llama la atención, teniendo en cuenta que, 104 legisladores (el 75% del Pleno) pueden buscar la reelección en los comicios de febrero de 2021.

Sus casos penales, que en gran parte están en indagación previa y son reservados, se suspenderían en caso de que renuncien a su actual curul y se inscriban para terciar por la reelección.

Uno de los casos que están dejando la tela de la reserva es el de los supuestos diezmos que apunta a la oficialista Karina Arteaga, quien puede reelegirse.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) pidió autorización al Pleno de la Asamblea para empezar su procesamiento. Si ella decide ser candidata, ganaría unos meses de inmunidad.