¿Las megacárceles reducen la criminalidad o producen una ilusión de seguridad?

En América Latina nos han vendido una idea sencilla para un problema extraordinariamente complejo: si construimos cárceles más grandes, aislamos a los criminales más peligrosos y llenamos las celdas, la violencia disminuirá.

Las imágenes de hombres rapados, uniformados y detrás de enormes rejas producen una sensación inmediata de orden. Pero una política de seguridad debería ser más que las imágenes que produce. El fenómeno de las megacárceles se ha extendido por América Latina. El modelo más visible es el CECOT salvadoreño. A su alrededor se ha construido una narrativa que vincula el encarcelamiento masivo, la militarización y la mano dura con la recuperación del control territorial. Guatemala ha anunciado su propia megacárcel y otros países como Uruguay y Colombia han debatido propuestas similares.

El problema aparece cuando la infraestructura penitenciaria ocupa el lugar de una política criminal. Una cárcel puede cumplir una función legítima al impedir que determinadas personas continúen operando en las calles. La pregunta es qué ocurre cuando se convierte en la principal respuesta frente a fenómenos criminales que trascienden sus muros.

No todos los grupos criminales funcionan de la misma manera. Algunas pandillas dependen principalmente del control urbano para las extorsiones. Otros grupos participan en mercados transnacionales altamente rentables, como el narcotráfico, la minería ilegal o el lavado de activos. Algunas tienen limitada capacidad para penetrar las instituciones; otras han construido relaciones con funcionarios, policías y actores económicos.

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En el primer escenario, el encarcelamiento de determinados líderes puede afectar la capacidad operativa de una organización. En el segundo, el resultado puede ser diferente. Una organización criminal transnacional no desaparece necesariamente cuando sus miembros ingresan a prisión. Puede sustituir liderazgos, fragmentarse, diversificar sus actividades y utilizar la cárcel como un espacio adicional para gobernar.

Esta es una de las grandes paradojas de la ausente política penitenciaria del Ecuador, puesto que podemos terminar construyendo cárceles para combatir organizaciones que ya aprendieron a gobernar dentro de estos recintos. La historia de violencia dentro de los centros penitenciarios debería ser un ejemplo suficiente para cuestionar dicha narrativa.

Desde hace más de una década, distintos gobiernos han apostado por ampliar la infraestructura penitenciaria. Sin embargo, la expansión física del sistema no ha impedido que las cárceles se conviertan en espacios de disputa y de reproducción del poder criminal. Hasta julio de 2026, el país llegó a más de 38.000 personas privadas de libertad y un hacinamiento superior al 36%. En los centros para adolescentes infractores, la situación es aún más preocupante.

¿Qué estamos haciendo para evitar que los adolescentes que ingresan al sistema penitenciario terminen siendo reclutados o incorporados a estructuras criminales? Sin protección, educación, reinserción y mecanismos de desvinculación, el sistema penitenciario puede terminar reproduciendo aquello que pretende combatir.

En esta reflexión surge la cuestión de El Encuentro. La nueva cárcel de Santa Elena se ha convertido en uno de los principales símbolos de la política de mano dura del Gobierno. Las imágenes de traslados y medidas de seguridad han transformado la prisión en un escenario político.

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El problema es que el simbolismo no debe confundirse con la eficacia. Ecuador ha registrado en 2026 una reducción de homicidios respecto de 2025, pero no ha sido lineal. Junio y julio volvieron a registrar incrementos respecto de los mismos meses del año anterior. Por eso resulta prematuro atribuir cualquier variación de la violencia a una cárcel inaugurada recientemente. Si queremos saber si El Encuentro reduce la violencia armada, necesitamos conocer quiénes ingresan, qué capacidad tienen para seguir operando desde prisión, qué ocurre con sus estructuras en el exterior, cómo se controla la corrupción penitenciaria y qué sucede con los mercados criminales después de la captura de sus principales actores.

Sin esa información, la cárcel sigue siendo una hipótesis de política pública.

La experiencia latinoamericana debería habernos enseñado que las cárceles no son espacios separados de la sociedad. Allí circula dinero, se toman decisiones, se mantienen contactos y se disputan mercados. Construir una cárcel sin transformar la gobernanza penitenciaria puede equivaler a construir una infraestructura moderna sobre un sistema institucional frágil.

La construcción de una megacárcel puede ser parte de una estrategia. El problema comienza cuando se convierte en la única estrategia. Una prisión puede encerrar personas, pero no desmantelar mercados criminales, reducir la corrupción ni impedir conexiones con redes transnacionales.

Quizá deberíamos mirar las megacárceles con menos fascinación y más cautela. La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿qué estamos haciendo para que, cuando las puertas de esas cárceles se cierren, el poder criminal no encuentre otra puerta por la cual entrar? Mientras sigamos creyendo que las megacárceles por sí solas reducen la criminalidad, seguiremos dependiendo de pactos entre criminales para bajar la violencia, en lugar de construir la capacidad estatal para hacerlo.