Lenín Moreno se une a Bucaram y Correa en la lista de ocho expresidentes que pasaron de Carondelet al banquillo de acusados

León Febres Cordero fue presidente de Ecuador entre 1984 y 1988. Su administración se caracterizó por su política de mano dura contra los movimientos insurgentes de esa época, que fueron combatidos a través de estrategias antiterroristas.

El gobierno de Febres Cordero trajo al país a Ran Gazit, un exmilitar israelí, que dio servicios de consultoría y asesoría técnica en temas de seguridad. Sin embargo, tras su salida del poder, esa contratación derivó en líos judiciales para el exmandatario.

En el libro 'León, mi padre', Liliana Febres Cordero, hija del expresidente, relata que en septiembre de 1988, se empezó a investigar el pago de USD 150.000 a Gazit con gastos reservados del Banco Central por orden del entonces presidente Febres Cordero. 

En enero de 1990, la Corte Suprema de Justicia dictó una orden de prisión preventiva en contra de León Febres Cordero. Pero, esa detención no se ejecutó. Y meses después, el exmandatario y su cuñado -quien fue su secretario particular- fueron absueltos del caso.

Otro de los nombres en la lista es el de Abdalá Bucaram Ortiz, quien fue presidente entre 1996 y 1997, cuando fue destituido por el Congreso Nacional que declaró su "incapacidad mental". Tras su destitución, empezaron sus problemas judiciales.

El primer caso tiene que ver con los llamados gastos reservados. Según la investigación, durante su gestión, Bucaram ordenó el pago irregular de 11.000 millones de sucres a nombre de agentes de seguridad que trabajaban para el Palacio de Carondelet. El dinero salió del Banco Central.

Además, se abrió otro proceso por un sobreprecio en las compras para el programa que se denominó mochila escolar. El gasto se cifró en USD 40 millones. 

Tras estas acusaciones, Bucaram se autoexilio a Panamá y estuvo prófugo por más de 20 años. Hasta que en 2017, por el paso del tiempo, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró prescritos los casos y el exmandatario regresó al país.

Sin embargo, los problemas penales de Bucaram no terminaron ahí. De vuelta en el país, durante la pandemia por el Covid-19, Bucaram fue vinculado a un caso de supuesta corrupción por la venta de pruebas médicas. Además, durante los allanamientos de ese proceso fue investigado por tráfico de armas y de bienes patrimoniales.

Fabián Alarcón asumió la Presidencia de la República entre 1997 y 1998, luego de un fugaz paso de Rosalía Arteaga, quien era la vicepresidenta de Bucaram. 

Una vez que salió de Carondelet se abrió un caso relacionado con su anterior paso por el Congreso Nacional. Fue acusado y encarcelado —en 1999— por un caso de presunto 'piponazgo', es decir, por supuestamente haber creado de manera excesiva cargos en la Función Legislativa y asignarles sueldos altos. En 2000, el exmandatario fue sobreseído y liberado.

Además, Alarcón fue investigado por presunto peculado por el pago de USD 23 millones a la constructora Andrade Gutiérrez por las obras de fiscalización de la construcción de una carretera en la Amazonía. También fue sobreseído por la Corte Suprema, en 2003.

Jamil Mahuad es uno de los expresidentes más polémicos de la historia de Ecuador. En 1999 dispuso el congelamiento de los depósitos de la banca nacional y enero de 2000, en cambio, decidió dolarizar el país. Luego de esas decisiones, fue destituido y se autoexilió en Estados Unidos.

Además, esas decisiones le valieron un caso por peculado. Según la teoría de la Fiscalía, Mahuad tuvo responsabilidad penal por la crisis bancaria debido a dos decretos que firmó en su administración.  

El primero es el Decreto Ejecutivo No. 681, del 9 de marzo de 1999, donde declaró estado de emergencia nacional. Y el decreto 85 del 11 de marzo de 1999 con el que ordenó el congelamiento de los depósitos, conocido como feriado bancario.

En octubre de 2020, los jueces Iván León, Wilman Terán y David Jacho de la Corte Nacional declararon improcedente el recurso de casación y ratificaron una sentencia de ocho años en la instancia definitiva. Tras ese fallo judicial, Mahuad interpuso una acción extraordinaria de protección, que empezó a tramitarse en la Corte Constitucional, en noviembre de 2025.

Gustavo Noboa Bejerano asumió la Presidencia de la República tras la destitución de Mahuad. Recibió el país dolarizado y tuvo que reestructurar la deuda externa ecuatoriana. La Fiscalía consideró ilegal el uso que el exmandatario hizo de USD 126 millones que quedaron como remanente por la emisión y recompra de bonos global.

Noboa fue acusado de peculado y sentenciado, en primera instancia, a cinco años de prisión. Se exilió en República Dominicana. Hasta que en 2008, la Asamblea Constituyente lo favoreció con una amnistía por pedido del entonces presidente Rafael Correa.

El caso de Noboa fue comparado con el de Alberto Dahik, quien fue vicepresidente de Durán-Ballén y que fue procesado por lo que se denominó como la sucretización de la deuda. Por eso su caso fue denominado como la 'sucretización 2'.

Lucio Gutiérrez fue el presidente de Ecuador entre 2003 y 2005. Una serie de manifestaciones sociales, lo llevaron a dejar el país en abril de 2025. Tomó un helicóptero militar que lo llevó a Brasil, desde dónde se trasladó a Estados Unidos.

En junio de ese año, en Estados Unidos, Gutiérrez declaró que había sido objeto de un golpe de Estado y llamó a desconocer al Gobierno de Alfredo Palacio, su sucesor. Esa intervención le valió una denuncia por atentar contra la seguridad del Estado.

Entonces, se asiló en Colombia, pero -días después- decidió volver a Ecuador. A su llegada fue apresado y enviado al penal García Moreno, en el centro de Quito. Y, posteriormente, trasladado a la Cárcel 4. Hasta que en marzo de 2006 fue absuelto por la Corte Superior de Quito. 

Rafael Correa Delgado ostentó la Presidencia de la República entre 2007 y 2017. Tras esa década en el poder, el exmandatario ha sido objeto de decenas de investigaciones penales. Hasta el momento, dos han avanzado.

Por el caso Sobornos 2012-2016, Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel, en 2020. La Fiscalía demostró la existencia de una estructura delictiva que operó de manera paralela a Carondelet y cobró sobornos a contratistas del Estado para financiar las campañas políticas de Alianza PAIS.

El otro caso que involucra a Correa es el denominado Balda, por el secuestro del activista Fernando Balda, en 2012. La Justicia sentenció a otros involucrados por el plagio, que fue financiado por el Gobierno de Correa. El exmandatario tiene una orden de captura por ese caso y su juicio está pendiente.

Además, la Fiscalía ha abierto, al menos, otras 30 investigaciones previas en contra de Correa. Estos casos que aún son reservados son por presuntos delitos como peculado, tráfico de influencias, traición a la patria y hasta genocidio.

El último caso es el de Lenín Moreno Garcés, quien fue presidente de la República entre 2017 y 2025. Tras su salida del poder, el exmandatario fue procesado por cohecho en el caso Sinohydro, por el que fue llamado a juicio el 8 de diciembre de 2025.

Sin embargo, este caso no se relaciona con su pasó por Carondelet, sino por su cargo como vicepresidente de Rafael Correa, entre 2007 y 2013. En esa época, Moreno habría cobrado parte de un soborno de USD 76 millones pagado por la empresa china Sinohydro por la obra de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Luego de acabar su período presidencial, Moreno se mudó a Paraguay, donde reside hasta la actualidad. En la delegación diplomática de ese país se presenta periódicamente, de manera preventiva, hasta que termine el proceso penal en su contra.