10 personas fueron llamadas a juicio por el desfalco del Isspol, después de que la audiencia preparatoria fuera reagendada desde 2021 en al menos 18 ocasiones.
La resolución de la jueza Irene Pérez de llamar a juicio a los 10 procesados dentro del caso del desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) logra destrabar un proceso judicial que lleva más de dos años represado.
La Fiscalía investigó por el delito de peculado a 10 personas, acusadas como autoras y coautoras de las inversiones fraudulentas en el Isspol. Pero el proceso para llegar al llamamiento a juicio fue complejo y se extendió por 27 meses.
La investigación comenzó en 2021, después de que se conociera que el Isspol había realizado inversiones riesgosas que, en muchos casos, no lograba recuperar.
El principal esquema apunta a una operación swap o permuta financiera de bonos, con la que la seguridad social de la Policía puso en riesgo USD 327 millones a través de las empresas de Jorge 'El Mago' Chérrez.
En mayo de 2021, la Fiscalía pidió fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio, que se fijó para el 26 de ese mes. Pero la diligencia fue diferida, declarada fallida en varias ocasiones y reagendada 18 veces, según el sistema de la Función Judicial.
Los constantes problemas para la reinstalación de la audiencia derivaron incluso en la sanción de tres abogados, por sus constantes ausencias, a pesar de ser convocados con semanas de anticipación.
"27 meses para que escuchemos lo que desde un principio se anunciaba, que fuimos ultrajados en el patrimonio de 90.000 familias policiales", aseguró el actual director del Isspol, Renato González.
Tras el llamado a juicio a los 10 procesados, un tribunal penal deberá analizar las pruebas y llegar a una sentencia.
Civiles y policías
El proceso penal por peculado investiga a los funcionarios o privados que abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de dineros públicos.
En este caso específico, se acusa a los procesados por el mal uso de los fondos que pertenecían a la seguridad social de la Policía.
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Jorge Chérrez Miño, de IB Corp
Jorge Chérrez, uno de los investigados por la estafa al Isspol. Cortesía
Jorge ' El Mago' Chérrez es el principal señalado tras la estafa al Isspol. Fue el intermediario financiero que, supuestamente, debió tener bajo su custodia los bonos de la institución que no aparecían.
Chérrez era dueño de las empresas IB Corp y Ecuador High Yield Bond, que operaron en la operación swap de los bonos del Isspol. Es investigado en Ecuador y en Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios que le ayudaban en sus negocios.
La asistencia penal internacional de Estados Unidos en este caso reveló que Chérrez entregaba cheques y tarjetas de crédito como parte del pago de sobornos, y también pagaba por viajes. Por esto, también es procesado en ese país por conspiración para el lavado de activos.
Según la justicia de Estados Unidos, Chérrez entregó USD 2,6 millones en sobornos a exfuncionarios del Isspol que tenían poder de decisión sobre las inversiones de la institución.
Chérrez salió del país en 2020 y su último paradero identificado es México. Tiene una difusión roja de Interpol.
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John Luzuriaga, del Isspol
John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, era el principal contacto de Chérrez en las operaciones y supuestas inversiones. Los chats entre ambos revelan una amistad y gran cercanía, y que Chérrez hacía pagos a Luzuriaga en Estados Unidos.
Por esto, Luzuriaga fue condenado en ese país a 58 meses de prisión por el delito de conspiración para lavado de activos. Aceptó haber recibido USD 1,39 millones en sobornos de Chérrez.
Su operación en el Isspol es la que permitió que se hicieran las inversiones riesgosas que comprometieron los fondos de la institución. Era él quien proponía las operaciones al directorio del Isspol.
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Luis Álvarez Villamar y Carlos Carbo Cox, del Decevale
Carlos Carbo Cox, exgerente del Decevale, y Luis Álvarez Villamar, exgerente general de Operaciones del Decevale, son señalados como coautores en la investigación de la Fiscalía a la operación swap.
El Decevale tuvo un rol crucial en esta operación, pues era supuestamente el custodio de los bonos del Isspol. Sin embargo, las indagaciones hallaron que el Decevale tenía un contrato con IB Corp, que le habría permitido apropiarse de los bonos del Isspol y moverlos a su gusto.
Estos bonos aparentemente estarían en manos de Madison Asset, una de las empresas de la red de Bicsayne Capital y los 'Miami Boys'.
Álvarez Villamar también está procesado en Estados Unidos, en donde se declaró culpable de haber recibido USD 3,1 millones de cuentas de Chérrez, y un departamento en Miami.
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Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, del Isspol
Los generales Enrique Espinosa de los Monteros (2015) y David Proaño (2016) fueron directores del Isspol. Ambos estuvieron involucrados en la operación swap y supuestamente habrían recibido pagos de Chérrez.
En el primer caso, Chérrez sacó una tarjeta de débito para una subcuenta llamada "Portafolio EEDM", cuyas iniciales corresponden con las del exdirector del Isspol.
Mientras que David Proaño y su hija fueron parte de la comisión que viajó a Nueva York para una reunión en el Citibank para el cierre de la operación swap. El viaje fue pagado por Chérrez, e incluyó pasajes para Orlando, Florida.
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Rafael Nuques, Santiago Duarte y Alfredo Valverde, del Isspol
Rafael Nuquez, exdirector económico financiero del Isspol, y Santiago Duarte, exasesor jurídico, también fueron parte de la comitiva que viajó a Nueva York pagada por Chérrez y que se paseó en Orlando.
En el caso de Núques, Chérrez también tenía una subcuenta que correspondería a su nombre, llamada "Portafolio RN", con una tarjeta de débito.
Núques, Duarte y Alfredo Valverde, exdirector de Inversiones del Isspol, eran parte de la Comisión de Inversiones de la institución, que se encargaba de analizar cada caso. Valverde incluso entregó un informe sobre la propuesta de operación swap.
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Luis Domínguez, de Ventura Casa de Valores
El último procesado es Luis Domínguez Viteri, gerente y accionista de Ventura Casa de Valores. Pero Domínguez no está investigado por su relación con Vencasa, sino por haber sido el representante legal y accionista de Rusticussi S.A.
La empresa Rusticussi S.A. firmó al menos tres contratos de reporto privado con el Isspol, por un valor de USD 1,3 millones. En ese proceso judicial se investigan también los siete reportos firmados con Provenza Internacional, cuyo representante es Emilio Sánchez González, actual accionista de Vencasa.
Estos contratos suman USD 10,06 millones. Todas estas inversiones fueron propuestas por Capital Ventura al Isspol y aceptadas por el entonces director de Instituto, David Proaño, también procesado por peculado.
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