La administración del presidente Lasso enfrenta su primera 'tormenta'

En una misma jornada, el presidente Guillermo Lasso canceló una reunión con los transportistas, convocó al consejo de seguridad por la nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral y recibió la notificación de que la Asamblea no aceptó a trámite su proyecto de ley económico urgente.

En una visita a Otavalo, el Mandatario reconoció que los hechos más difíciles para el gobierno son la crisis carcelaria y la devolución de la Ley de Creación de Oportunidades.

Ahí, el presidente Lasso dijo que el gobierno "ha llevado a cabo un programa para recuperar el control del Estado en las cárceles del Ecuador", desde hace unos meses y que tomará un impulso aún mayor en la Penitenciaría del Litoral.

Y prometió nuevamente trabajar por la seguridad de todos los ciudadanos, sin "transar con los capos de las mafias".

Y dijo que, a pesar de la devolución del proyecto de ley, el Gobierno insistirá en las bondades de la propuesta para crear empleos. "No puede ser que sigamos actuando con indiferencia", reclamó, "que no nos digan que la propuesta enviada por nuestro gobierno significa la precarización del trabajo".

Apelando a todas las disposiciones legales y constitucionales haremos prevalecer la propuesta legal planteada por mi gobierno (...). Vamos a llevar a cabo una batalla democrática.

Guillermo Lasso, presidente de la República

El exitoso arranque de la administración actual, con el cumplimiento de la meta del plan de vacunación, ya quedó atrás. Y la lista de pendientes por resolver se mantiene, pero las intenciones del gobierno de avanzar con sus planes programáticos no llegan a puerto.

Los puntos álgidos que el Ejecutivo deberá sortear se presentan en tres frentes distintos: el Legislativo, el social y el delincuencial.

Y la mayoría responde a problemas y deudas arrastradas desde anteriores administraciones, pero que ahora dependen de la habilidad de gestión del equipo del presidente Guillermo Lasso.

A continuación PRIMICIAS hace un recuento de los hechos más relevantes:

La Asamblea 'le toma la lección' al Ejecutivo

Por tercera ocasión, una propuesta del Mandatario se vio truncada y no logró convencer a la Asamblea Nacional. Y la mayoritaria oposición política al movimiento oficialista impone su criterio sobre los incumplimientos que identifican en las propuestas gubernamentales.

Pasó primero con las dos ternas para integrar las juntas de Política y Regulación Monetaria y de la Política y Regulación Financiera del Banco Central. El 16 de septiembre, el Legislativo le dijo al Mandatario que sus candidatos no cumplían con los requisitos legales y pidió nuevas opciones.

La segunda vez, el problema fue la proforma presupuestaria. El 21 de septiembre el Pleno le dijo al presidente Lasso que su propuesta tenía inconsistencias y sobreestimaciones en los supuestos macroeconómicos. Por lo que le devolvió el documento con 11 observaciones, para que lo remita nuevamente.

A esto se sumó una negativa aún más crítica: la devolución de la Ley de Creación de Oportunidades. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) le dijo al gobierno que su propuesta económica urgente no será tramitada porque no tiene “unidad de materia”. Le devolvieron el proyecto para que haga ajustes y, si lo requiere, vuelva a remitirlo.

Sin contar con que el pleno también emitió una resolución no vinculante para rechazar la decisión del Ejecutivo de adherirse nuevamente al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi).

Con todo este escenario a cuestas, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, admitió que "no es posible llegar a alianzas programáticas de largo plazo en la Asamblea”.

Por lo que siempre sigue sobre la mesa la posibilidad de una consulta popular antes de que termine el año. Sin embargo, esto involucraría un desembolso estimado de USD 48 millones, en un presupuesto general ya de por sí ajustado y deficitario.

Una crisis de seguridad creciente, con un epicentro carcelario

En lo que va de 2021 la violencia ha recrudecido en el país y ha alcanzado índices que no se veían desde hace nueve años. Pero el mayor problema radica en la crisis carcelaria, que explotó en el gobierno anterior y no ha podido ser controlada hasta ahora.

Con tres masacres entre febrero y septiembre, el colapso del sistema de rehabilitación social se convierte en una prioridad para el gobierno. Y eso implica no solo la movilización de recursos humanos sino financieros.

El mismo presidente Lasso dijo que, en el corto plazo, implica la inversión de unos USD 24 millones para todo el complejo penitenciario de Guayaquil, dentro de un plan que alcanza los USD 75 millones en total. Pero advirtió que "no es de la noche a la mañana, porque no se pueden hacer las cosas de esa forma".

La ministra de Gobierno también aceptó que la meta planteada por el Ejecutivo para contener el índice de muertes violentas y mantenerlo en un dígito, para el cierre de 2021, resulta “bastante complicada y difícil”.

Menos aún después de esta última masacre. Ya que, en caso de que en lo que resta del año no haya más muertes en las cárceles, Ecuador cerrará este período con un promedio de 20 muertes por mes.

Los desencuentros con otros sectores

Debido a los recientes acontecimientos en la Penitenciaría del Litoral, el Ejecutivo canceló su última reunión con los transportistas, el miércoles 29 de septiembre.

Pese a que desde el inicio el nuevo gobierno logró convencer al sector de sentarse a negociar una salida a la eliminación del subsidio a los combustibles, ahora la meta también parece alejarse.

Los transportistas se niegan a recibir cualquier otro tipo de compensación, sea en neumáticos, repuestos, aceites y filtros, “no es útil, no nos sirven”, dijeron. Y, pese a todas las conversaciones, desde la capital advirtieron que no habrá un paro, pero que es posible que "los vehículos tengan que guardarse frente a la circunstancia que no nos alcanza para el combustible".

El pulso con el movimiento también sigue en pie, aunque con ellos el primer acercamiento entre autoridades está recién previsto para el lunes 4 de octubre. Esto sucederá después de varios desencuentros, directas e indirectas entre el presidente Lasso y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

Al igual que con los transportistas, el gobierno intentará buscar consensos con la dirigencia indígena, que ya puso sobre la mesa temas como: el incremento del precio de los combustibles, el alivio a los créditos, el tema minero, el precio de los productos agrícolas.