De la paz a los aranceles del 100%: cómo llegó la crisis entre Ecuador y Colombia y qué viene después

En esta segunda entrega se analiza el origen político de la crisis, la composición sectorial del comercio bilateral, el fallo de la Comunidad Andina y los escenarios que abrirá el resultado de las elecciones presidenciales colombianas del 31 de mayo.

Dos canastas distintas

La composición sectorial del comercio bilateral en 2025 revela una asimetría que va más allá del volumen: Ecuador y Colombia se venden cosas fundamentalmente distintas, lo que determina quién pierde más y en qué sectores cuando los aranceles entran en vigor.

Del lado de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, la canasta está concentrada en recursos naturales y productos primarios procesados. Según TradeMap, para 2025 agroindustria representó el 33% del total exportado, seguida de madera y forestal (12,2%), pesca (10,1%) y agro primario (7%). Manufactura alcanzó apenas el 8,7%. En conjunto, más de la mitad de lo que Ecuador le vende a Colombia son alimentos, pescado y materias primas con algún grado de procesamiento.

Del lado de las importaciones ecuatorianas desde Colombia, la composición es distinta. Manufactura representa el 11,9%, cosméticos el 10,5%, farmacéuticos el 6,8%, energía eléctrica el 4,3% y agroquímicos el 3,9%. Colombia le vende a Ecuador bienes de mayor valor agregado: medicamentos, insumos industriales, productos de consumo elaborados y energía.

Esta diferencia de composición tiene una implicación directa en el impacto de los aranceles: cuando Ecuador grava las importaciones colombianas, encarece medicamentos, insumos agrícolas, cosméticos y energía; bienes que el aparato productivo y los consumidores ecuatorianos necesitan y que no tienen sustitutos inmediatos en el mercado local. Cuando Colombia grava las exportaciones ecuatorianas, golpea al sector pesquero, agroindustrial y forestal.

Seguridad fronteriza y diplomacia arancelaria

Para entender la escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia, hay que partir de un problema que antecede a los decretos: la frontera norte de Ecuador. Esa zona ha estado marcada por narcotráfico, minería ilegal, contrabando y presencia de grupos armados. 

Con la llegada de Gustavo Petro al poder y su política de “paz total”, Colombia abrió procesos de diálogo o acercamiento con distintos actores armados y criminales. Aunque esa estrategia fue presentada como una apuesta de pacificación interna, en Ecuador la situación fue leída desde otra perspectiva: como un problema de seguridad regional que podía trasladar costos hacia su frontera.

Según Juan Carlos Holguín, excanciller de Ecuador, “desde la llegada del presidente Petro al gobierno de Colombia se abandonó indudablemente la frontera, con la perspectiva de que él tenía de la paz total, y la afectación en ese escenario para Ecuador ha sido enorme”.

Holguín sitúa la medida arancelaria ecuatoriana dentro de un fenómeno global: “Hay que entender la medida desde un fenómeno que desde hace menos de 15 meses está sucediendo en el mundo desde el segundo mandato del presidente Trump: la diplomacia arancelaria. El presidente Noboa utilizó ese argumento arancelario como su mecanismo de presión para que Colombia atienda su frontera”.

La escalada diplomática fue progresiva. El 21 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció una tasa de seguridad del 30% a las importaciones desde Colombia, bajo el argumento de falta de cooperación de Colombia. La medida entró en vigor el 1 de febrero y abrió una escalada comercial que, en los meses siguientes, se trasladó al plano institucional de la Comunidad Andina.

La cronología de la escalada

Lo que siguió fue una secuencia de ocho decisiones en menos de cuatro meses.

• El 21 de enero de 2026, Ecuador anunció la tasa de seguridad del 30%. Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, el argumento fue la falta de cooperación de Colombia en seguridad fronteriza.
• El 1 de febrero entró en vigor.
• El 24 de febrero, según el Decreto 0170, el gobierno colombiano respondió con un 30% a 73 subpartidas ecuatorianas, entre ellas arroz, frijol, plátano, cacao y pescado.
• El 1 de marzo, Ecuador elevó la tasa al 50%, según la SENAE.
• El 9 de abril anunció la subida al 100% a partir del 1 de mayo, según la Resolución SENAE-2026-0031-RE.
• El 28 de abril, según el Decreto 0455, Colombia aplicó aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% a 191 productos ecuatorianos.
• El 1 de mayo, Ecuador aplicó el 100% a todas las importaciones colombianas.
• El 4 de mayo, Ecuador anunció una reducción al 75% desde el 1 de junio, según la Presidencia de Ecuador.

El impacto de la escalada es asimétrico. Los datos del BCE para el primer trimestre de 2026 son consistentes con esa lectura: las exportaciones colombianas a Ecuador cayeron un 54%, mientras que las ecuatorianas a Colombia cayeron un 4,2%.

Considerando los datos del trademap, Colombia es el noveno destino de las exportaciones de Ecuador y Ecuador es el sexto destino de las exportaciones colombianas. Sin embargo, esa diferencia de posición no captura toda la asimetría: Colombia exporta más de USD 50.000 millones al mundo, por lo que Ecuador representa el 3,7% de su mercado exportador. Para Ecuador, en cambio, Colombia es el tercer proveedor con el 6% de todas sus importaciones, lo que implica que la interrupción del comercio tiene un impacto desproporcionado.

Según Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior de Ecuador, para GESTIÓN, una de las consecuencias inmediatas es el encarecimiento de productos que los consumidores ecuatorianos compran cotidianamente. Según los datos de TradeMap, los principales bienes que Ecuador importa desde Colombia son medicamentos, agroquímicos, cosméticos y vehículos de carga, cuyo mayor costo se traslada directamente a los hogares.

La Comunidad Andina interviene

El 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió las resoluciones 2581, 2582 y 2593, ordenando a Ecuador y Colombia retirar todos los aranceles recíprocos en un plazo de diez días hábiles.

Según la Secretaría General de la CAN, las medidas de ambos países vulneran el Acuerdo de Cartagena de 1969, que establece arancel cero automático para todos los productos originarios de la subregión. Las resoluciones también determinaron que la restricción de Ecuador de habilitar únicamente el puente de Rumichaca como único punto de ingreso terrestre para mercancías colombianas constituye una restricción adicional al comercio subregional.

De acuerdo con la Senae, la resolución de la CAN no es una sentencia del Tribunal Andino sino una resolución administrativa de la Secretaría General.

Ese plazo venció el 21 de mayo sin que Ecuador levantara los aranceles. El Gobierno presentó recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN y acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia por las resoluciones 2582 y 2581.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló que Ecuador no desacata las decisiones de la CAN y que la respuesta estaba siendo preparada por la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, añadió que Ecuador tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad. El presidente colombiano Gustavo Petro señaló el 20 de mayo que está dispuesto a retirar los aranceles si Ecuador hace lo mismo.

Según Rivadeneira, si Ecuador mantiene esta posición por un período prolongado, las consecuencias serían concretas: “Las empresas afectadas comenzarán a reducir personal; las más golpeadas podrían cerrar; habrá desviación de comercio, poco hacia empresas locales que puedan sustituir los productos colombianos y mucho hacia mercados alternativos como Perú, Brasil y China”, dice a GESTIÓN.

Holguín considera, en cambio, que la CAN ha actuado correctamente pero enfrenta un problema estructural: “Los mecanismos de integración regional en los últimos años han perdido muchísima fuerza en las relaciones entre países. Hemos pasado por procesos políticos extremadamente ideologizados y eso hizo que estos sistemas de integración regional pierdan una validez técnica de fondo. La CAN ha hecho bien en reaccionar respecto a la política arancelaria, sin embargo, el Ecuador ha anunciado que apelará y posteriormente esto pasará a un Tribunal Andino de Justicia que será el encargado de velar por los intereses de la Comunidad Andina”.

Lo que vendría después del 31 de mayo

La primera vuelta presidencial de Colombia está fijada para el 31 de mayo de 2026. El resultado definirá en parte el escenario diplomático con Ecuador. Paloma Valencia, candidata de centroderecha, ha anunciado que, de ganar, se reunirá con el presidente Noboa para buscar un acuerdo bilateral. Sobre los demás candidatos no hay posicionamientos equivalentes publicados en medios verificables al cierre de esta edición.

Independientemente del resultado electoral, hay un elemento que ya modificó el contexto de la disputa. El 30 de abril de 2026, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de más de 15.000 uniformados en los departamentos de Nariño y Putumayo, con el objetivo de neutralizar estructuras vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Para Holguín, quien gane la presidencia colombiana tendrá la responsabilidad de atender la frontera con Ecuador y enfocar sus políticas de seguridad en la lucha contra las estructuras criminales que operan en esa zona.

La perspectiva de largo plazo

Más allá del resultado electoral y del desenlace jurídico ante el Tribunal Andino, la pregunta de fondo es si los lazos estructurales entre Ecuador y Colombia son suficientemente sólidos para absorber una crisis de esta magnitud. Los datos históricos de TradeMap muestran que el comercio bilateral creció de USD 2.231 millones en 2016 a un máximo de USD 3.063 millones en 2023, con una sola interrupción significativa en 2020 por la pandemia.

Según Holguín, esta no es la primera vez que la relación bilateral enfrenta una ruptura grave: “No olvidemos que ya tuvimos un caso completamente contrario, cuando Ecuador permitió que en su territorio operan estructuras ilegales que estaban haciendo daño a Colombia. Más allá de lo sucedido, una vez que diplomáticamente se encontró una solución, las relaciones volvieron con facilidad a su normalidad, porque hay un histórico de una relación muy positiva entre los dos países”.

Lo que los datos y el análisis político sugieren es que la crisis actual tiene una dimensión coyuntural, asociada con la relación entre dos gobiernos específicos y una dimensión estructural, vinculada a la gestión de una frontera que ninguno de los dos países ha logrado estabilizar. La primera puede resolverse con un cambio de gobierno. La segunda requerirá acuerdos de más largo alcance, independientemente de quién ocupe la presidencia en Bogotá a partir del 1 de agosto.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.