La última carta de los políticos: acciones de protección y medidas cautelares

Entre julio y agosto de 2019, José Carlos Tuárez, entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana, presentó una acción de protección y una solicitud de medidas cautelares. Lo hizo en medio de un juicio político que se llevaba adelante en la Asamblea, que terminó con su destitución. Las dos demandas de Tuárez hablaban de una posible vulneración de sus derechos en el proceso de juicio político. En su primer pedido, de medidas cautelares, argumentó que estaba en indefensión pues, supuestamente, no había sido notificado con las denuncias en su contra. La justicia le negó este primer pedido, presentado en Ibarra. En el segundo, una acción de protección presentada en Guayaquil por un ciudadano argumentó que el proceso de juicio político violó sus derechos. Tampoco obtuvo un fallo a favor. Al final, Tuárez fue censurado y destituido por la Asamblea en agosto de 2019. Luego, fue procesado penalmente por asociación ilícita, y sentenciado a cinco años de prisión.

Christian Cruz, quien reemplazó a Tuárez como presidente del Consejo de Participación, también enfrentó un juicio político en la Asamblea, a finales de 2020. El proceso se dio después de una reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, tras la renuncia de Daniel Mendoza (procesado por la corrupción en el Hospital de Pedernales). Ante el juicio político, Cruz planteó una acción de protección alegando vulneración de derechos. Cuestionó específicamente esta reestructuración de Fiscalización, un proceso que, a su criterio, no se podía hacer. Sin embargo, la acción de protección fue negada y Cruz también fue censurado y destituido como vocal del Consejo de Participación.

Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) también acudieron a una acción de protección ante la amenaza de ser destituidos. Ese organismo entró en una pugna con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en enero de 2021, apenas meses antes de las elecciones, por la inscripción de Álvaro Noboa. El TCE ordenó la destitución de cuatro vocales del CNE después de que ese organismo no cumpliera una sentencia del mismo TCE, que por la negativa a la inscripción de las candidaturas del movimiento Justicia Social, que impulsara la postulación de Noboa a la Presidencia. El TCE, en una sentencia, ordenó al CNE que permita a Justicia Social realizar nuevos procesos de democracia interna e inscribir nuevos candidatos. Pero, el CNE no lo hizo. En este caso, la justicia aceptó la acción de protección de los vocales del CNE y evitó su destitución. Además, dispuso que se prosiga con la impresión de las papeletas electorales.

Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura, y cuatro exvocales de esa institución fueron destituidos tras la evaluación realizada por el Consejo de Participación Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo, en junio de 2018. Más de un año después, en febrero de 2021, esos exfuncionarios intentaron regresar a sus puestos a través de una acción de protección. Jalkh y los otros cuatro exvocales argumentaron que hubo una violación de sus derechos en el proceso de evaluación. Sin embargo, la jueza declaró la acción como improcedente, por lo que no pudieron regresar.

El exasambleísta Fabricio Villamar (ex Creo) fue investigado en el anterior período legislativo por una supuesta obtención irregular de su carné de discapacidad. El Comité de Ética de la Asamblea determinó que hubo “ausencia de ética y responsabilidad política, al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos con un carné de discapacidad presuntamente obtenido de manera irregular”.  Ante la investigación en su contra, Villamar solicitó medidas cautelares en la justicia en mayo de 2021. Sostuvo que se estaba vulnerando sus derechos, pues no había argumentos para separarlo de su puesto. La justicia aceptó su petición de medidas cautelares y ordenó que el entonces presidente, César Litardo, se abstenga de coordinar el trámite respecto del informe del Comité de Ética. Aún así, el tema llegó al Pleno y Villamar fue destituido, apenas días antes de que termine el período legislativo de esa Asamblea.

En abril de 2021, el Ministerio de Trabajo dispuso la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. La razón es que años atrás, Murillo vendió su renuncia a la carrera judicial y eso supuestamente le impedía ejercer como vocal de la Judicatura. Ante esta decisión, Murillo interpuso una acción de protección en la que sostiene que se vulneraron sus derechos. En primera instancia, la justicia inadmitió su pedido. Pero Murillo apeló y logró obtener una sentencia a su favor en junio de 2021. La Corte Provincial de Pichincha encontró  se vulneró su derecho a la defensa y que se afectó su derecho “a obtener decisiones motivadas”. Murillo volvió a la Judicatura. Actualmente, es el presidente de esa institución.

Entre mayo y septiembre de 2021, la Alcaldía de Quito entró en una pugna entre el entonces alcalde, Jorge Yunda, y el actual alcalde y quien lo reemplazó, Santiago Guarderas. El Consejo Metropolitano inició un proceso de investigación y remoción de Yunda por presuntas irregularidades en su cargo. Frente a esto, Yunda presentó una acción de protección en junio de 2021, alegando supuestas vulneraciones de sus derechos en el trámite. La justicia aceptó parcialmente esta acción de protección. Y luego recibió medidas cautelares en julio de 2021. Ambas decisiones le permitieron seguir en el cargo a pesar de que el Concejo lo había destituido. Sin embargo, la Judicatura detectó irregularidades en los sorteos de estas causas. Por ello, suspendió a los jueces que fallaron a favor de Yunda. El tema se tornó complicado, entre recursos ante distintas instancias. Finalmente, la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección planteada por Guarderas, con lo que se confirmó la salida de Yunda del cargo.

En agosto de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto en el que se confirmó la baja de tres generales de la Policía Nacional, entre ellos Víctor Aráus. El decreto indicaba que los oficiales habían sido sometidos a una evaluación de pruebas técnicas de confianza y que no cumplieron con los requerimientos. Aráus también presentó una acción de protección, alegando la vulneración de sus derechos. Lo hizo a la par de que denunció en la Fiscalía a la entonces comandante de la Policía, Tanya Varela, por presunta falsedad ideológica y solicitó una investigación sobre una supuesta reunión entre Varela y el fallecido ministro de Gobierno, César Monge. La justicia falló a favor de Aráus, y ordenó su restitución a como general de la Policía en diciembre de 2021. Días después, su visa a Estados Unidos fue cancelada.

Una nueva polémica en el Consejo de Participación se vio mediada por acciones de protección. Después de una reorganización de fuerzas a inicios de 2022, una nueva mayoría en el Consejo intentó remover de su puesto a la entonces presidenta, Sofía Almeida. Ella entró a ese cargo en reemplazo de Christian Cruz. Frente a esto, Almeida presentó un pedido de medidas cautelares en el cantón Samborondón, de Guayas, en enero de 2022. Habló de supuestos incumplimientos y abuso de funciones. La justicia aceptó su solicitud, y ordenó que el Consejo suspenda todos los actos en los que se pueda tratar una posible remoción de Almeida. Ante esto, el entonces vocal Hernán Ulloa presentó un acción de protección, y la justicia falló a su favor. Esta sentencia dejó sin efecto las medidas cautelares que Almeida había recibido. Con base en esa última decisión, la mayoría del Consejo removió a Almeida. Y aunque ella se negó a abandonar su oficina por más de un día, terminó cediendo y dando un paso al costado. Ulloa fue designado nuevo presidente del Consejo de Participación.