Los líos con la justicia también definen posibles candidaturas

Todavía sin decisiones claras sobre quienes estarán en las papeletas presidencial y legislativa, las opciones para miembros de la llamada revolución ciudadana se reducen por los líos judiciales.

El caso más importante es el del expresidente Rafael Correa quien, aunque está impedido para buscar nuevamente la Presidencia, ha dejado ver sus aspiraciones vicepresidenciales.

Sin embargo, esto dependerá -en parte- de si la sentencia de ocho años de prisión que pesa en su contra por el caso Sobornos 2012-2016 se ejecuta antes de la inscripción de candidaturas.

Detrás de él, otras caras fuertes del correísmo tienen sus propios líos con la justicia.

• Paola Pabón: La prefecta de Pichincha tiene tres investigaciones abiertas por la Fiscalía. Una por la compra de insumos durante la emergencia, otra por supuesta rebelión en el paro de octubre de 2019 y otra por un contrato comunicacional.
• Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri: Aunque nunca se abrió una investigación formalmente en su contra, los tres asambleístas se autoexiliaron en México luego de la crisis de octubre.
• Ricardo Patiño: En su contra pesa una orden de prisión por el presunto delito de instigación. También está asilado en México.
• José Carlos Tuárez: Luego de ganar la presidencia del Cpccs y ser destituido, Tuárez se posicionó como una de las opciones electorales, pero ahora está detenido por supuesto tráfico de influencias.
• Gustavo Jalkh: El expresidente del Consejo de la Judicatura ha mantenido un perfil bajo luego de salir del cargo. Aunque se conoce que ha sido tomado en cuenta en mediciones electorales, en su contra hay varias denuncias por interferencia en la justicia.

Además de estos casos puntuales, hay otra decena de dirigentes de esta tendencia con problemas con la justicia.

Los voceros del Gobierno de Lenín Moreno todavía no confirman si participarán o no en las próximas elecciones, pero si deciden hacerlo, varios de sus funcionarios también deberán afrontar denuncias.

El caso más reciente es sobre las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral para la consulta popular de 2018.

Según la denuncia, funcionarios de Moreno desviaron fondos públicos, a través de las empresas del Estado, para financiar la campaña por el Sí.

Pese a ser los máximos representantes de Fuerza Ecuador (FE), un partido nacional, la familia Bucaram no ha tenido tiempo de pensar en sus opciones electorales.

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz está con arresto domiciliario por un caso de tráfico de armas. Él descartó una candidatura cuando Jaime Nebot renunció a correr por el PSC.

Mientras que su hijo y su nuera, Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño, ambos exasambleístas, están prófugos por un caso relacionado a la corrupción en hospitales.

Aunque ha desmentido intereses electorales a corto plazo, las acciones iniciales en la emergencia sanitaria ubicaron a Jorge Yunda, alcalde de Quito, con buenos números en las encuestas.

Sin embargo, esa imagen se ha venido a menos luego de varios escándalos de posible corrupción en su administración al frente de la capital.

Por ejemplo, está bajo observación la compra de pruebas PCR para la detección de Covid-19, así como una supuesta triangulación de empresas para la adjudicación de obras públicas.

Todavía no ha confirmado su participación en las elecciones, pero Páez ha trabajado durante los últimos cuatro años para que su imagen política se mantenga vigente.

Sin embargo Byron Pacheco, exfuncionario de la empresa de pasajeros del Municipio de Quito, denunció a Páez a inicio de julio por supuestamente exigir aportes de funcionarios municipales para financiar su movimiento político.

Páez envió una comunicación a la Fiscalía poniéndose a disposición para afrontar la denuncia.

Tampoco ha confirmado sus intenciones de correr en las elecciones de 2021, pero constantemente en redes sociales ha hablado de propuestas para una eventual candidatura.

Sin embargo, en medio de una eventual campaña deberá afrontar el recurso de revisión que interpuso ante la justicia para que se revea su sentencia como autor intelectual de un triple asesinato.

Aunque por ahora el ambiente preelectoral se trata únicamente de las posibles candidaturas presidenciales, en 2021 también se elegirá a asambleístas.

Varios de los actuales legisladores podrían buscar la reelección. Aunque además de la baja aceptación ciudadana, varios deberán afrontar casos judiciales.

Por un lado, están los más de 20 procesos abiertos por el supuesto de cobro de diezmos. La oficialista Karina Arteaga, por ejemplo, tiene pendiente su audiencia de formulación de cargos.

Además, otros asambleístas deberán responder por el escándalo de la obtención fraudulenta de carnés de discapacidad.

También en la lista está el escándalo por la supuesta repartición de obras y cargos a cambio de votos. Por ejemplo, Daniel Mendoza renunció luego de ser apresado. Ahora, Eliseo Azuero también está siendo investigado.