El cuidado de las personas mayores se convierte en un desafío económico para el Ecuador
Ecuador tendrá cada vez más personas mayores y, con ello, aumentará la necesidad de organizar quién cuida, bajo qué condiciones y con qué recursos.
Un grupo de adultos mayores participa de un taller de dibujo en uno de los centros del programa '60 y piquito'.
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Cortesía Patronato Municipal
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El envejecimiento suele avanzar con menos ruido que otras transformaciones económicas. No provoca una ruptura de un año a otro, pero modifica gradualmente la estructura de los hogares, la oferta laboral, el gasto y la demanda de servicios. En Ecuador, las proyecciones oficiales ya permiten observar la magnitud de ese cambio.
Este análisis toma como punto de partida el estudio ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Para Ecuador, el análisis se complementa con las Estimaciones y Proyecciones de Población, Revisión 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El organismo señala que estas proyecciones permiten analizar la composición futura de la población por sexo y edad y sirven para la planificación pública y privada.
Más personas mayores, mayor necesidad potencial de cuidados
La transformación demográfica es el punto de partida. En 2024, Ecuador tenía alrededor de 1,48 millones de habitantes de 65 años o más. Hacia 2030 esa población llegará a aproximadamente 1,87 millones, en 2040 superará los 2,68 millones y en 2050 alcanzará cerca de 3,73 millones de personas.
El cambio no solo ocurre en números absolutos. En 2024, las personas de 65 años o más representaban alrededor del 8,2% de la población; para 2050 su participación llegará aproximadamente al 17,6%. Es decir, el peso de este grupo dentro de la estructura demográfica prácticamente se duplicará.
Esto no significa que todas esas personas necesitarán cuidados permanentes. La edad, por sí sola, no equivale a dependencia. Sin embargo, el aumento de la población mayor eleva también el número potencial de personas que requerirán asistencia para actividades básicas o instrumentales de la vida diaria.
El informe BID-OCDE-AFD estima que actualmente alrededor de 8 millones de personas de 65 años o más en América Latina y el Caribe necesitan ayuda para actividades como comer, bañarse, movilizarse, tomar medicamentos o administrar sus finanzas. Esa cifra llegaría a 23 millones en 2050.
La transformación, por tanto, no se limita a que habrá más adultos mayores. También crecerá la población que puede necesitar servicios de cuidado por períodos cada vez más prolongados.
La demanda de cuidados crecerá más rápido que la capacidad tradicional de las familias
El sistema de cuidados de América Latina todavía descansa, en gran medida, sobre los hogares. Aproximadamente el 80% de las personas mayores que necesitan ayuda para sus actividades cotidianas la recibe de una persona cuidadora no remunerada, normalmente un familiar.
Actualmente, el estudio calcula alrededor de 25 millones de cuidadores no remunerados de personas mayores en la región. Para mantener en 2050 una relación similar entre personas mayores y familiares disponibles para cuidarlas, harían falta aproximadamente 60,5 millones. Al mismo tiempo, la fuerza laboral remunerada de cuidados debería pasar de unos 3 millones de personas a 14 millones.
Estas cifras reflejan dimensiones distintas del sistema de cuidados y no deben sumarse entre sí: mientras la primera muestra cuántas personas mayores requieren asistencia, las otras dos corresponden a quienes prestan ese cuidado, de manera remunerada o no remunerada.
El problema es que, mientras aumenta la demanda, algunas de las condiciones que históricamente sostuvieron el cuidado familiar también están cambiando. Las familias son más pequeñas, la fecundidad ha descendido, existe mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y los hogares están geográficamente más dispersos. Es decir, habrá más personas que cuidar, pero no necesariamente más familiares disponibles para asumir esa responsabilidad.
El informe estima que, bajo los arreglos actuales, los 60,5 millones de cuidadores familiares necesarios en 2050 representarían alrededor del 13% de la población en edad de trabajar de la región y aproximadamente el 32% de las personas entre 45 y 64 años.
El cuidado no remunerado ya tiene efectos sobre el empleo y empieza a ser reconocido como trabajo
La carga del cuidado no se distribuye de manera uniforme. Cerca del 60% de las personas que cuidan sin remuneración a adultos mayores en la región son mujeres, y ellas destinan, en promedio, 2,4 horas semanales más que los hombres. Además, suelen asumir las tareas más intensivas y menos flexibles, como alimentar, bañar o acompañar a citas médicas.
La relación con el mercado laboral es relevante. Según el estudio BID-OCDE-AFD, las personas cuidadoras no remuneradas tienen 8 puntos porcentuales menos de probabilidad de contar con un empleo remunerado. Entre quienes sí permanecen ocupadas, la jornada laboral es, en promedio, dos horas semanales menor.
La literatura académica ha encontrado resultados similares en otros contextos. Meghan Skira, en Dynamic Wage and Employment Effects of Elder Parent Care, publicado en International Economic Review, analizó la relación entre el cuidado de padres mayores, la participación laboral y los salarios de las mujeres. Su estudio encontró que, después de períodos de cuidado, las probabilidades de regresar al empleo o aumentar las horas trabajadas pueden ser reducidas.
El reconocimiento institucional de este trabajo también ha avanzado. El estudio BID-OCDE-AFD señala que las constituciones de Ecuador, Bolivia y República Dominicana reconocen oficialmente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008 reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano realizado en los hogares.
El cambio conceptual es importante: cuidar deja de entenderse únicamente como una responsabilidad privada de las familias y empieza a reconocerse también como una actividad productiva con efectos económicos.
Ese reconocimiento, sin embargo, no elimina la necesidad de contar con una oferta profesional de cuidados. A medida que las familias dispongan de menos tiempo o enfrenten necesidades más complejas, crecerá la demanda por servicios remunerados.
Quiénes trabajan cuidando a las personas mayores en Ecuador
El informe permite dimensionar el sector desde una perspectiva comparada. Para Ecuador estima 57.322 personas cuidadoras remuneradas de personas mayores. La composición es particularmente reveladora: 517 corresponden a personas cuidadoras institucionales, 22.097 brindan cuidados remunerados en los hogares y 34.709 son trabajadoras domésticas remuneradas que además tienen responsabilidades de cuidado.
Esto muestra que gran parte de la atención a personas mayores todavía ocurre dentro del espacio doméstico y que, en muchos casos, el trabajo de cuidado se superpone con el trabajo doméstico tradicional.
El sector es también intensamente feminizado. En Ecuador, 94% de las personas cuidadoras remuneradas son mujeres. Su edad promedio es de 44 años y 42% cuenta con educación secundaria. El promedio regional es aún más marcado: 95% de la fuerza laboral remunerada del cuidado está compuesta por mujeres.
El perfil revela una actividad que ya existe y genera empleo, pero que todavía no se comporta como una profesión homogénea. Una cuidadora institucional, una trabajadora domiciliaria especializada y una trabajadora doméstica que además cuida a una persona mayor pueden cumplir funciones similares, pero bajo condiciones laborales y niveles de capacitación muy distintos.
El próximo reto será profesionalizar un sector que tendrá que crecer
En Ecuador, las personas cuidadoras remuneradas trabajan, en promedio, 29 horas semanales, frente a 35 horas para el total de personas ocupadas. En el conjunto de países estudiados, el promedio es de 31 horas para las cuidadoras y 39 para el resto de personas ocupadas.
Una jornada menor no necesariamente implica mejores condiciones. El informe advierte que el trabajo a tiempo parcial puede limitar el acceso a protección social, prestaciones laborales y oportunidades de desarrollo profesional. En la encuesta regional del BID, solo 26% de las personas cuidadoras remuneradas cotizaba a la seguridad social y apenas alrededor de un tercio tenía contrato escrito.
También existe una brecha de formación. El 37% de las personas cuidadoras remuneradas de la región trabaja sin capacitación específica, y solo una cuarta parte ha completado cursos de más de 150 horas. En Ecuador, la diferencia depende además del lugar de trabajo: cerca del 62% de quienes trabajan en instituciones ha recibido formación específica, frente al 34% de quienes brindan cuidado domiciliario.
El país cuenta con mecanismos de formación y certificación. El estudio identifica una formación técnica universitaria de dos años, con prácticas en centros de larga estancia, centros de día u hospitales especializados. También señala procesos de certificación de competencias para quienes ejercen como cuidadores personales.
El informe identifica en Ecuador la Norma Técnica para la Implementación y Prestación de Servicios de Atención y Cuidados para Personas Adultas Mayores, emitida en 2019 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que contempla modalidades de atención residencial, domiciliaria y diurna.
Todo esto ocurre en paralelo con una transformación que también puede tener implicaciones empresariales. Santiago Mosquera, en su publicación Ecuador está cambiando de edad: el nuevo desafío para los negocios, publicada en LinkedIn en septiembre de 2026, plantea que el cambio demográfico puede expandir la denominada economía plateada, es decir, la demanda de bienes y servicios dirigidos a una población que vive más años.
En el caso del cuidado, esa oportunidad incluye servicios domiciliarios, centros de día, teleasistencia, rehabilitación, tecnologías de apoyo, adaptación de viviendas y servicios especializados. El informe BID-OCDE-AFD observa, además, una tendencia internacional a priorizar el envejecimiento en el hogar y la comunidad antes que la institucionalización permanente, combinando centros de día, asistentes personales y servicios de apoyo domiciliario.
El crecimiento de ese mercado, sin embargo, dependerá de algo más que de la existencia de demanda. Requerirá trabajadores capacitados, estándares de calidad, mecanismos de supervisión y empleos que permitan permanecer en la actividad.
Ecuador todavía tiene margen para prepararse, pero la dirección del cambio ya está definida: habrá más personas mayores y una necesidad creciente de distribuir el cuidado entre hogares, Estado y mercado.
La discusión, por tanto, no consiste únicamente en determinar quién cuidará a las personas mayores. También implica definir cómo transformar una actividad históricamente invisible dentro de los hogares en un sistema de cuidados capaz de responder a una sociedad cada vez más envejecida, sin trasladar toda la carga a las familias ni sostener el crecimiento del sector sobre empleos precarios.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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